La Naranja de Prensa repudia otro intento de instaurar el delito de opinión

La Naranja de Prensa repudia la denuncia penal que el Grupo Clarín lanzó contra un grupo de periodistas a los que pretende endilgarles el delito de “coacción agravada” e “incitación a la violencia”, en una judicialización de la opinión periodística en la que no se distingue entre los colegas que hicieron uso de su derecho a fijar posición sobre un determinado hecho y los funcionarios del Gobierno nacional que, frente al mismo caso, otra vez lanzaron una caza de brujas conspirativa desde las poltronas del Estado para descalificar diversas protestas contra el oficialismo.

La Naranja de Prensa repudia la denuncia penal que el Grupo Clarín lanzó contra un grupo de periodistas a los que pretende endilgarles el delito de “coacción agravada” e “incitación a la violencia”, en una judicialización de la opinión periodística en la que no se distingue entre los colegas que hicieron uso de su derecho a fijar posición sobre un determinado hecho y los funcionarios del Gobierno nacional que, frente al mismo caso, otra vez lanzaron una caza de brujas conspirativa desde las poltronas del Estado para descalificar diversas protestas contra el oficialismo.

La presentación contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente y Orlando Barone, entre otros, constituye un intento de instaurar el delito de opinión, lo que no alcanza a ser disimulado por las aclaraciones del abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, quien salió a decir que los colegas tenían que concurrir a sede judicial sólo en calidad de “testigos”. La “aclaración” está vinculada al repudio que la acción suscitó entre los propios trabajadores de prensa y los de su propio multimedios.La reacción de los medios oficialistas y sus voceros, sin embargo, está teñida de hipocresía pues el gobierno se ha dedicado a querellar y perseguir sistemáticamente a los periodistas que escribieron artículos contrarios a los intereses del oficialismo, señalándolos públicamente con nombre y apellido y, llegando al extremo de realizar “escraches públicos” o “juicios éticos” por parte de sectores vinculados con el oficialismo contra ellos. Esto es lo que desconocen otras agrupaciones del gremio que salieron a condenar la demanda del grupo Clarín.

Se hace imprescindible una posición independiente de las organizaciones de los trabajadores de prensa cuando se agrava la disputa interpatronal ante la inminente reestructuración del negocio capitalista de la comunicación social en el país que, por otra parte, amenaza con cercenar los derechos de los trabajadores de prensa. Si la defensa de los periodistas de los medios K atacados por Clarín o viceversa, queda en manos de sus respectivas patronales, se debilita la posición de esos trabajadores, los que quedarían absolutamente indefensos.

Rechazamos el intento de instaurar el delito de opinión por parte del grupo Clarín, al tiempo que advertimos la gravedad de que estas prácticas sean realizadas desde el mismo Estado. Los trabajadores de prensa deben desarrollar una organización independiente como única garantía para la defensa de la libertad de expresión y el conjunto de sus derechos.