Acceso a la información pública: una ley para blindar los secretos de Estado

 En la maratónica sesión de Diputados del miércoles 18 de mayo quedó relativamente eclipsado por el debate de la ley Antidespidos la media sanción que se le dio al proyecto oficial de Ley de Acceso a la Información Pública. La bancada del Partido Obrero /FIT defendió en el recinto un proyecto propio, que contiene en sus fundamentos una monumental crítica a la iniciativa oficial, avalada por casi todos los bloques.

 En la maratónica sesión de Diputados del miércoles 18 de mayo quedó relativamente eclipsado por el debate de la ley Antidespidos la media sanción que se le dio al proyecto oficial de Ley de Acceso a la Información Pública. La bancada del Partido Obrero /FIT defendió en el recinto un proyecto propio, que contiene en sus fundamentos una monumental crítica a la iniciativa oficial, avalada por casi todos los bloques.

 En la maratónica sesión de Diputados del miércoles 18 de mayo quedó relativamente eclipsado por el debate de la ley Antidespidos la media sanción que se le dio al proyecto oficial de Ley de Acceso a la Información Pública. La bancada del Partido Obrero /FIT defendió en el recinto un proyecto propio, que contiene en sus fundamentos una monumental crítica a la iniciativa oficial, avalada por casi todos los bloques. Como subrayó el cronista de Clarín que cubrió el debate “en una inédita votación, coincidieron los representantes de Cambiemos y también de la oposición, incluyendo el kirchnerismo, el massismo y el peronismo disidente”. Y agrega que “sólo se opusieron los cuatro legisladores del Frente de Izquierda y se abstuvo Julio Solanas, del Frente para la Victoria”. Para los que reclaman “políticas de Estado”, en esta media sanción pueden encontrar una, aunque en este caso destinada a preservar bajo siete llaves los secretos de Estado. En efecto, como reconoce un artículo de Cronista.com “… no será todo tan sencillo. El proyecto contempla una serie de excepciones para la entrega de datos, como en el caso de una “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”, “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, aquella que “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”, o la que esté “protegida por secreto profesional”.

 En realidad, la nota se queda corta. El artículo 8 del proyecto, donde están las “excepcionalidades” sepulta el proyecto, es su negación práctica. Casi todo lo que quiera ocultarse puede ampararse en algunas de esas excepcionalidades, que son más extensas que todo el articulado de la ley. “Lesionar los intereses del sujeto obligado” a dar información es, por ejemplo, una de las excepcionalidades, lo cual raya en el ridículo. Lo saben los periodistas, en particular los de investigación, que la pelea misma por mejorar la transparencia debe chocar, eventual o sistemáticamente, con los “intereses” del “sujeto obligado”. En resumen, en base al análisis del proyecto, desde La Naranja consideramos que la ley que tuvo media sanción no sólo es inoperante por sus excepcionalidades sino que, además, conlleva el riesgo de legalizar cualquier el bloqueo a cualquier requerimiento más o menos sustancial de información del Estado.

 A continuación, compartimos el proyecto de la bancada del PO, que defendió en el debate el diputado por Salta, Pablo López, ya que consideramos que podría ser de sumo interés para todas las organizaciones que vienen bregando por restarle, aunque sea parcialmente, algo de oscuridad al Estado cómplice de las voladuras de la AMIA y la Embajada de Israel, al Estado que para borrar huellas del tráfico de armas voló medio Río Tercero, al Estado de Stiuso, que también sigue escondiendo el destino de Julio López, de los desaparecidos y sus hijos no restituidos, y hasta el acuerdo YPF / Chevron.

 Extractos de la intervención del Diputado Pablo López, del Partido Obrero-Frente de Izquierda:

 http://www.po.org.ar/comunicados/politicas/esta-ley-en-nombre-de-la-transparencia-consagra-los-secretos-y-la-conspiracion-del-estado

 

Vídeo de la intervención del diputado Pablo López

https://youtu.be/foMysKYcoXw

 

 

Vídeo de la intervención del diputado Néstor Pitrola

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJP3hxRLuj0

 

Proyecto presentado por los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda

INFORME

 Honorable Cámara:

 El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública cuya característica principal no la constituye la consagración del derecho a la información, sino la preservación por la vía de las excepciones consignadas en su artículo 8, de un conjunto de secretos que hacen a la esencia de un Estado opuesto a la sociedad y sus derechos, y que obstruyen la participación de ésta en la toma de decisiones en defensa del interés nacional, y de los trabajadores que producen su riqueza social.

 Fundamentamos nuestro rechazo categórico a dicho proyecto oponiendo la reivindicación no sólo del derecho a la información, sino de la movilización real existente en organizaciones de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, de las mujeres y los jóvenes de nuestro pueblo por sus derechos democráticos y sociales, que chocan con las trabas impuestas por el secreto estatal que se pretende consagrar en los distintos incisos del artículo 8 del proyecto del PEN.

 Por ejemplo:

 En el Inciso a) del Artículo 8vo, se exceptúa “de proveer la información”   cuando sea considerada como “reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”. De acuerdo a esta ‘excepción’ no podríamos pedir por la apertura de los archivos sobre el atentado a la AMIA acaecido hace 22 años, tal como las organizaciones de familiares de las víctimas vienen reclamando. ¿Por qué no se abren esos archivos?  La apertura de los mismos podría develar que el atentado a la Amia  fue el emergente de un sistema que entrelaza en la ilegalidad, la corrupción, la conspiración y el terrorismo y el papel que jugo efectivamente una serie de protagonistas:   el conjunto del aparato y de los servicios del Estado argentino; los servicios de inteligencia del Mossad (Israel), Irán, Siria, de EEUU (CIA); las redes de narcotráfico ligadas a esos servicios, en especial la DEA, la “conexión local”, ligadas a los servicios de inteligencia argentinos; la complicidad y el encubrimiento de los gobiernos desde Menem en adelante, pasando por los incidentes de espionaje con el gobierno de la CABA dirigido entonces por el actual presidente Macri,  etc. 

Tampoco se podría pedir las informaciones cruzadas con el Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica que ‘justifican’ la presencia de tropas argentinas en la misión de la Minustah, de ocupación de Haití, desde hace 12 años.

¿Y los archivos de la dictadura? Jorge Rafael Videla falleció de muerte natural, sin que el Estado argentino haya abierto aún los archivos de la dictadura militar. No sabemos aún donde están los ‘nietos’ apropiados, que paso con los detenidos-desaparecidos, quienes son los culpables dentro de las FFAA de los atroces crímenes cometidos bajo la dictadura. Ninguno de los juicios por genocidio que se desarrollan en la actualidad puede suplir esa omisión para el esclarecimiento de esa represión genocida. Lo que se conoce ha sido obra de la lucha denodada de nuestro pueblo. Se supo, que el ex comandante en jefe del Ejército y zar supremo de los servicios de inteligencia en la etapa final del gobierno de CFK, Cesar Milani, fue un agente represor genocida contra su pueblo en La Rioja, por las denuncias de la familia Leddo y las audiencias públicas que impulso nuestra bancada en este Congreso. ¡Recién en el 2013, se encontraron en un altillo del Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, realizando trabajos de mantenimiento, las 280 actas secretas que entre el 1976 y 1983 elaboro la Junta Militar!

En el inciso b) del mencionado artículo se “exceptúa” también de brindar la información a lo que “pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”. Esto es defender el famoso “secreto bancario” por el cual se fuga dinero (HSBC) a cuentas suizas o las recientes revelaciones de los famosos Panamá Papers. Con este artículo están salvaguardados los bancos y el gran capital que compró dólares a futuro ante la inminencia de una fuerte devaluación monetaria y eso le ésta costando al Estado (en realidad al pueblo trabajador argentino) la friolera de una pérdida de cerca de 100 millones de pesos.  Están frescas las noticias que comprometen al conjunto del gran capital nacional en la posesión de cuentas “off shore”, un recurso característico para la fuga de capitales que practica hace décadas la burguesía argentina. La nave insigne de nuestra clase patronal, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa.  Actualmente, se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350.000 millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura.

Es evidente que esta ‘información’ es clandestina y conspirativa. El pueblo trabajador, al que este Estado capitalista pretende pasarle la factura de la presente quiebra nacional tiene derecho a acceder a la totalidad de esta información –no a la que a cuenta gotas (y de eventuales acuerdos con intereses de otros estados imperialistas) provee un consorcio privado de periodistas- para tener en su poder la cabal razón de que la crisis deben pagarla los capitalistas que fugaron la riqueza nacional, y no ellos.

Es necesario abolir el secreto bancario, para empezar de las entidades estatales y los funcionarios públicos -muchos actuales y anteriores se encuentran incriminados- pero, extensivo al conjunto de la banca, que esconde el secreto de los negociados de toda la clase capitalista que nos ha conducido a la presente bancarrota.

Otra muestra de lo que constituye la privación real del acceso a la información esta planteada en el inciso c) del proyecto oficial, que plantea la excepción sobre  “secretos industriales, comerciales, financieros…”. Por este inciso el gobierno estaría autorizado a mantener el secreto del acuerdo colonial YPF-Chevron, celebrado por los “nacionales y populares” Kicillof y Gallucio y que ahora Aranguren y Prat Gay mantienen.

Para la explotación con Chevron se han creado YPF Shale Oil Invesment I, II, III, IV en Delaware, e YPF Shale Oil Invesment II, YPF Shale Oil Holding, en Bermudas. Y así podríamos seguir con otras ‘sociedades’ protegidas de este acuerdo con Chevrón en los Países Bajos, Luxemburgo y las Islas Caimán. Y los sobreprecios que paga el Estado nacional a las petroleras, y el precio más caro del mundo que pagan los usuarios por las naftas….

Otro ejemplo ‘excepcional’: el inciso e) protege el secreto de los datos en manos de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Obstruye así toda inquietud ciudadana sobre la actividad relativa al lavado de dinero y el narcotráfico. Conserva el secreto sobre la complicidad estatal en la organización del delito. Sobre las cajas negras que cobra la policía y las cajas negras que financian las campañas a los partidos capitalistas (caso efedrina) y que llevando a cabo su negocio producen estragos en la salud de nuestra juventud.

Otro: el inciso f) ‘exceptúa’ del acceso a la información la “elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras”. Deberíamos llamarlo inciso FMI, ya que la lucha librada por este organismo por recuperar su intromisión en la supervisión del ajuste fiscal cuenta ahora con la protección legal del secreto. No se debe olvidar el papel jugado por el FMI en el 2000/1 con los megacanjes y blindajes que ocultaban que la Argentina marchaba conscientemente a un default y facilitaron con la provisión de dólares -cargada usurariamente a la cuenta del Estado- la fuga por el gran capital de miles de millones.  La clase patronal ha destruido incluso las estadísticas elementales para engañar al pueblo. Primero el anterior gobierno K, y ahora el nuevo gobierno M. Le oponemos el control de los trabajadores del INDEC de la supervisión del trabajo de los técnicos del organismo y su total apertura a la consulta de las organizaciones de los trabajadores.

Pero hay más ‘excepciones’: el inciso g) protege el secreto de la “información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa”. Si los jubilados reclamaran el acceso a la información de la situación de sus juicios contra el Estado les podría ser denegado. Se han tomado resoluciones ‘secretas’ para entorpecer las sentencias favorables a los jubilados y así alargar las fechas de pago por años y años. Nos oponemos a este secreto e impulsamos la apertura de los libros y el control de la ANSES por comisiones electas de jubilados y trabajadores que aseguren el 82% móvil a los jubilados.

Y lo mismo pasa con la ‘seguridad’ pública (no hablemos de la privada, que contrata ex represores, etc.). Llueven denuncias sobre el ‘gatillo fácil’, el cobro de peajes policiales, las ‘zonas liberadas’, la complicidad con el tráfico de drogas, la trata de blancas, los piratas del asfalto, etc. Todo esto ésta tapado, y catalogado como ‘excepción” del acceso a la información pública. Por eso es que planteamos que aquí también es necesaria la apertura de los archivos de las comisarías a comisiones electas por los vecinos, para que éstos tengan acceso al control del registro del movimiento de las mismas, a la entrada y salida de eventuales detenidos, etc. (recordemos el caso de Luciano Arruga, presionado por la policía de La Matanza para que trabajara como ‘dealer’ de venta de drogas en su barrio para una asociación ilícita de mafiosos y uniformados).

Podríamos seguir, pero… Tenemos que entrar en conclusiones.

Estamos frente a una ley que pretende disimular el carácter conspirativo que asume el Estado argentino. Se trata de una ley  ornamental democratizante, para maquillar a un Estado que cada día se evidencia como más conspirativo, más represivo y más imbricado y dependiente de los grupos económicos.

Como puede verse más que una ley que presente nuevos derechos para las masas trabajadoras y la juventud, viene a institucionalizar los abusos del poder, a justificar el ocultamiento de las estafas económicas al erario público y al pueblo trabajador. Para ello incluso se constituye un nuevo organismo que será el encargado con larguísimos plazos y bifurcaciones de, eventualmente, contestar los reclamos de lo que la ley no ‘exceptúa’. Un organismo cuya cúspide es nombrada a dedo por el PEN y manejable por la presidencia nacional. Cualquier democratización real en la obtención de la Información Pública, debiera contener como mínimo los siguientes reclamos:

– Proceder a la apertura de los archivos de la totalidad de los organismos de la Administración Pública y las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de las Empresas y Sociedades del Estado, que abarcan a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; sin excepciones de ningún tipo, al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

– Establecer la anulación del secreto bancario, para la banca pública y privada y disponer la apertura de sus libros al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información.

– Prohibir el secreto industrial y promover la apertura de los libros de las empresas privadas al control de sus trabajadores y al ejercicio del derecho de acceso a la información.

– Transferir el control del INDEC a una comisión electa por sus trabajadores que abra la información procesada por el Instituto al escrutinio popular (sindicatos, federaciones estudiantiles, etc.).

–  Proceder a la apertura de los libros del ANSES a Comisiones de Control elegidas democráticamente por los jubilados y trabajadores activos.

– Abrir el conjunto de la información de todos los entes autárquicos y empresas estatales (YPF, FFCC, Aerolíneas, etc.) al acceso ciudadano, a través de Comisiones de Control elegidas democráticamente por sus trabajadores y usuarios.

–  Asistencia obligatoria de los funcionarios, incluidos ministros y eventualmente el presidente de la Nación, a citatorios de interpelación por la Cámara de Diputados. Es necesario informar y responder a los interrogantes frente a graves crisis (muerte violenta del fiscal Nissman, etc.).

– Apertura de los libros de registro de las Comisarías a comisiones vecinales electas democráticamente

– Crear una Agencia de Acceso a la Información Pública independiente del Estado, electa por voto popular. 

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, por todas las burlas al derecho al acceso a la información ya señaladas no constituye para nada una garantía de los derechos humanos como reivindica en sus fundamentos.

Por otra parte, el derecho al acceso a la información y su libre expresión no vale nada sin su complemento en la participación de las decisiones de su comunicación. Pero no lo hace porque se trate de una determinación de la clase dominante. Para avanzar, efectivamente, en el acceso a la información pública habría que cambiar de régimen social. Un gobierno de trabajadores llevaría adelante los planteos que hemos realizado en este Proyecto de impugnación a la iniciativa del PEN.

La libertad de expresión está condicionada al carácter capitalista de los medios de comunicación, y al carácter opresivo y clasista del Estado. 

Incluso la lucha por la “pluralidad de voces” requiere de una movilización independiente, que plantee la elección popular de los directorios de los organismos de control, de la TV y radios públicas, el control democrático de la distribución de la pauta oficial y el reparto de los espacios y recursos técnicos de comunicación entre organizaciones políticas, sociales y culturales, con arreglo a su respectiva representación.

La propiedad pública en materia de medios, debe limitarse a los medios materiales o instrumentales de comunicación, como ya ocurre con el espacio radioeléctrico, pero su uso debe ser social: en función de la diversidad ideológica de la sociedad.

Para conquistar la libertad de expresión (y de acceso a la información pública) es necesario que se desarrollen medios de prensa   independientes y clasistas, luchar por la independencia de las organizaciones populares de la burocracia y del Estado, y que se ponga fin a todos los monopolios capitalistas, en especial en la cultura y en las ideas. En ese sentido los trabajadores deben defender la más irrestricta libertad de prensa ya que cualquier restricción a las libertades democráticas tiene como objetivo principal restringir su derecho a manifestarse y a levantarse contra los opresores.

Por esto motivo llamamos a los señores diputados a acompañar este Proyecto de Resolución.