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Audiencia en el Congreso: Gran actividad del SiPreBA contra el protocolo represivo

Una gran iniciativa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) contra el protocolo de ataque a la movilización popular y a la actividad de los periodistas pergeñado por el gobierno macrista reunió, en una audiencia realizada en el Congreso nacional, a representantes de organizaciones gremiales de prensa (SiPreBA, FATPREN, ARGRA), diputados nacionales (Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Myriam Bregman y Federico Massó), dirigentes de organismos defensores de compañeros perseguidos y reprimidos (Claudia Ferrero, de Apel , María del Carmen Verdú, de Correpi y Diego Morales, del CELS), Hugo Godoy, de ATE y Santiago Gándara, de AGD-UBA y el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, entre muchos otros.


Una gran iniciativa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) contra el protocolo de ataque a la movilización popular y a la actividad de los periodistas pergeñado por el gobierno macrista reunió, en una audiencia realizada en el Congreso nacional, a representantes de organizaciones gremiales de prensa (SiPreBA, FATPREN, ARGRA), diputados nacionales (Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Myriam Bregman y Federico Massó), dirigentes de organismos defensores de compañeros perseguidos y reprimidos (Claudia Ferrero, de Apel , María del Carmen Verdú, de Correpi y Diego Morales, del CELS), Hugo Godoy, de ATE y Santiago Gándara, de AGD-UBA y el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, entre muchos otros.


Las organizaciones de trabajadores de prensa de todo el país emitieron un documento, que fue leído por el secretario general del SiPreBA, Tato Dondero, en el que se rechaza firmemente al protocolo presentado por la ministra Patricia Bullrich, se defiende el derecho a la protesta y se declara que de ninguna manera “vamos a aceptar que la cobertura de movilizaciones sea realizada desde adentro de un corralito” establecido por el gobierno o por las fuerzas de seguridad.

Esto –añade el documento- lo quieren imponer para que la única versión de los hechos sea la de las fuerzas represivas y garantizar así su impunidad, cuando han sido responsables de innumerables abusos y asesinatos como los de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Mariano Ferreyra, que terminaron con penas a los asesinos fruto, justamente, de la actividad y la valentía de trabajadores de prensa que cubrían los hechos.

La diputada Soledad Sosa del PO-FIT y secretaria adjunta de la CTA Autónoma de Mendoza, destacó que el gobierno de su provincia hizo punta en la aplicación del protocolo y acusó penalmente a dirigentes de ATE y de la CTA locales por la movilización que realizaron los gremios provinciales el 24 de marzo pasado en el marco del paro nacional contra el ajuste y los despidos.

Ruben Schofrin, delegado de Editorial Perfil y secretario adjunto del SiPreBA planteó, como un antecedente de la aplicación del protocolo, que la Comisión Interna completa está acusada penalmente y a punto de ir a juicio –luego de haber sido sobreseída en primera instancia- porque la Justicia, desechando todas las pruebas existentes a favor de los delegados, les imputa un “ataque a la libertad de expresión” en el marco de una lucha en defensa de compañeros despedidos.

Por su parte, Flavio Frangolini, secretario de organización de FATPREN, dijo que el objetivo del gobierno no es “cuidar a los trabajadores de prensa como dice. No necesitamos resguardarnos de los manifestantes porque nunca los ataques a la prensa provinieron de ellos sino de las fuerzas de seguridad o de los organismos del Estado”.

“Hacemos responsable al gobierno nacional y a la ministra Patricia Bullrich de la integridad de los reporteros gráficos en las coberturas de movilizaciones populares y les reclamamos que nos permitan trabajar libremente”, dijo Ezequiel Torres, secretario general de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Piasek destacó como antecedentes del protocolo al Proyecto X y a la ley antiterrorista -“que reproduce leyes de la dictadura de Onganía”, ambos del gobierno kirchnerista y “contra los cuales hemos luchado”. Acotó que “muchas veces se ha intentado limitar la protesta y reglamentar el derechos de huelga”, como en el caso reciente de la audiencia de la Corte Suprema para definir si cualquier comisión interna o trabajadores de una empresa podían decretar un paro o sólo estaban habilitados para hacerlo los sindicatos con personería gremial.

En relación con el protocolo, dijo que “no hay dos bibliotecas, como sostienen algunos especialistas interesados para definir el tema del derecho a la protesta.  Es absurdo equiparar el derecho a circulas por un calle durante un rato con el derecho a la subsistencia o a la vida”.

La lucha de Tiempo contra el vaciamiento de la patronal K y la connivencia del gobierno nacional con los vaciadores, fue expuesta por Randy Stagnaro, delegado del diario y secretario de Cultura del SiPreBA, quien recordó la amenaza de represión que sufrieron los trabajadores del periódico cuando marcharon días atrás a Plaza de Mayo para reclamar a las autoridades nacionales una solución al conflicto. Esto había sido plateado también por el secretario de Derechos Humanos del SiPreBA, Tomás Eliachev en su intervención de apertura de la audiencia.

 

En todas las demás intervenciones –Ferrero, Verdú, Godoy, Gándara, Bregman, Massó, entre otros- hubo unánime rechazo al protocolo y se planteó la decisión de seguir luchando para liquidar definitivamente al protocolo, en el camino de la movilización contra el ajuste oficial.