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La “ley antiterrorista” reprime y amordaza

José Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UFI), ha sido el portavoz del gobierno en la defensa de la ley (anti)terrorista aprobada a propuesta del oficialismo. Ese hombre, a quien le pasan elefantes entre las piernas cuando de investigar operaciones de lavado de dinero se trata, ha dicho que la nueva ley puede incluir a los medios si incluyen noticias “que aterroricen a la población”.

José Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UFI), ha sido el portavoz del gobierno en la defensa de la ley (anti)terrorista aprobada a propuesta del oficialismo. Ese hombre, a quien le pasan elefantes entre las piernas cuando de investigar operaciones de lavado de dinero se trata, ha dicho que la nueva ley puede incluir a los medios si incluyen noticias “que aterroricen a la población”.

Es el complemento casi perfecto de una legislación de contenido especialmente profundo en su medida ambigüedad ¿Qué es el terrorismo, según el gobierno K y sus aliados? Una actividad que se proponga “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Es una impostura que los fundamentos de la ley excluyan “cualquier interpretación criminalizante de los hechos de protesta social”. Los canallas que redactaron el engendro toman a la gente por tonta: una ley no puede excluir ni incluir, ni prohibir ni permitir nada en sus fundamentos, sino en su articulado. Y el articulado no dice palabra sobre el ámbito de aplicación de la norma represiva.

Por otra parte, la autoridad de aplicación de la ley es el juez, no el gobierno, de modo que la calificación de “terrorista”, por ejemplo, para un huelguista que ocupe su lugar de trabajo, no depende del Poder Ejecutivo. Y si dependiera todo sería seguramente peor, como se ve en los 5 mil luchadores procesados en la actualidad (nunca un gobierno tuvo tantos activistas obreros perseguidos penalmente desde 1983).
Esta ley completa la que ya se había aprobado en 2007. Aquella era producto de los acuerdos represivos de Néstor Kirchner con George W. Bush. La de ahora es una extorsión del GAFI, que no se propone controlar ninguna actividad terrorista sino el sistema financiero de este país y de otros.

El gobierno, como acostumbra, aprovecha la volada y dicta una ley que incluso vulnera el principio constitucional de “legalidad del delito”; es decir, la obligación que tiene el legislador de especificar precisamente la figura penal que se propone perseguir. Esto, en cambio, es una herramienta represiva tan general que puede castigar una simple manifestación callejera. Y, de paso, instaura una nueva variante de ley mordaza: ahora, el sólo hecho de decir alguna cosa o informar algo puede resultar “terrorista” ¿Será parte de la “batalla de los significantes”, que el empleado público Horacio González dice librar?