La renuncia a los subsidios es una trampa

El Gobierno lanzó hace poco una campaña por la renuncia voluntaria a los subsidios  en las tarifas de servicios públicos. Mediante el recurso de personajes conocidos que hacen pública su “renuncia” como un acto solidario, alegando que “no los necesitan”, se pretende inducir a la población a que imite el ejemplo. La propia Cristina Fernández encabezó la campaña, sin mencionar por cuál de sus decenas de propiedades habría que empezar a retirarle el subsidio.

El Gobierno lanzó hace poco una campaña por la renuncia voluntaria a los subsidios  en las tarifas de servicios públicos. Mediante el recurso de personajes conocidos que hacen pública su “renuncia” como un acto solidario, alegando que “no los necesitan”, se pretende inducir a la población a que imite el ejemplo. La propia Cristina Fernández encabezó la campaña, sin mencionar por cuál de sus decenas de propiedades habría que empezar a retirarle el subsidio. Los propagandistas del gesto obviaron el detalle de que, quien renuncia en este caso, declaró un patrimonio de más de 70 millones de pesos. El recurso, sin embargo, fracasó: apenas un 0,2% de población se sumó hasta ahora a la renuncia voluntaria. Esto prueba que existe una percepción popular muy nítida acerca de que se trata de un golpe al bolsillo, una medida antipopular.

Pero en algunos lugares de trabajo, los burócratas sindicales o sus pichones -ya sean de la CTA oficialista o la de La Cámpora- mantienen una fuerte presión sobre los trabajadores para que renuncien a esos subsidios.

Hay que decir, en primer lugar, que una renuncia al subsidio es una aceptación anticipada de todos los aumentos tarifarios que seguirán al que se quiere imponer ahora. La usina de propaganda del oficialismo omite esta cuestión y sigue mintiendo acerca de que afectaría a una minoría de la población. Los alcanzados por el tarifazo serían, por lo menos, el 65% de la población que no reviste en condición de pobreza. Para el gobierno y para la Cepal, los ‘pobres’ son, sin embargo, el 15%, por lo que en este caso el tarifazo sería para el 85% restante.

Pero la peor de las falacias es la que sostiene que los trabajadores estarían malversando un recurso económico al pagar por él una ínfima parte de su costo. Ocurre, en realidad, todo lo contrario: quien se beneficia del precio relativamente bajo de los servicios (bajo en relación con los precios de otros productos) es la patronal, la que contrata empleados pagando salarios inferiores, debido -precisamente- al subsidio a las tarifas.

La cosa es muy simple: la baratura relativa de los servicios y del transporte se refleja en una canasta familiar que tiene un costo inferior al que correspondería si esos servicios estuvieran computados de acuerdo con su costo. Esa baratura relativa de la canasta familiar se refleja en las negociaciones salariales, cuando los sindicatos reclaman en función de lo que ella cuesta y no de lo que costaría con un precio más alto de los servicios. Así, el reclamo de aumento salarial resulta también inferior. El trabajador paga barato un servicio con un salario abaratado como consecuencia del menor costo de ese servicio para él. Su patrón paga un salario menor al que resultaría de computar el servicio a su costo de producción efectivo. Las empresas privatizadas de los servicios y del transporte reciben, en compensación, los subsidios. A través de los impuestos al consumo, la masa de trabajadores paga el déficit que todo esto genera al Estado. No hay nada a lo que ‘renunciar’, porque el trabajador ya renunció a la ventaja de una tarifa barata cuando su sindicato pactó un salario relativamente inferior.

De todo esto surge una conclusión elemental: los salarios deben ajustarse de inmediato según sea el impacto del tarifazo en el costo de la canasta familiar.

El gobierno ha roto, con el tarifazo, las obligaciones del convenio colectivo de trabajo, que no tuvo en cuenta este aumento brusco sobre la canasta familiar -que algunos economistas estiman entre 12 y 15 puntos, una enormidad. Por eso, deben convocarse asambleas para diseñar planes de lucha por el ajuste de los salarios. Lejos de ‘renunciar’ a algo que no tiene, el trabajador tiene que salir a pelear para que no le roben lo conquistado.