Repudiamos el intento judicial de recabar datos sobre periodistas

La Naranja de Prensa expresa su más enérgico repudio al accionar llevado adelante por el juez Alejandro Catania, quien envió a distintos medios un exhorto reclamando datos personales de periodistas que difunden informaciones sobre inflación distintas a las del Indec. El magistrado pidió saber la dirección y el teléfono de cronistas y editores de varios diarios, en el marco de la causa penal iniciada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra consultoras por difundir índices de precios propios.

La Naranja de Prensa expresa su más enérgico repudio al accionar llevado adelante por el juez Alejandro Catania, quien envió a distintos medios un exhorto reclamando datos personales de periodistas que difunden informaciones sobre inflación distintas a las del Indec. El magistrado pidió saber la dirección y el teléfono de cronistas y editores de varios diarios, en el marco de la causa penal iniciada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra consultoras por difundir índices de precios propios.

La acción judicial constituye un atentado a la libertad de expresión, al tiempo que afecta el derecho constitucional a la reserva de fuentes (art. 43) y al libre acceso a la información previsto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se trata de una acción intimidatoria, que tiene como sustento ostensible los sistemáticos ataques a periodistas que bajan desde el Gobierno nacional.

No es un hecho aislado, ni tampoco se puede prever que sea último. En un contexto donde las manifestaciones locales de la crisis capitalista mundial serán, más temprano que tarde, el insumo cotidiano del trabajo de los periodistas, es fácil vaticinar que las presiones contra los trabajadores de prensa que escriben sobre información económica se agravarán.

Los trabajadores del subte tuvieron un primer indicio acerca de cómo encarará el Gobierno el proceso de normalización económica que le exigen “los mercados” o “los inversores” para adaptarse a los nuevos tiempos de la crisis global. El ataque de la presidenta Cristina Fernández a su reclamo por una enfermedad laboral adelanta, en realidad, la necesidad oficial de someterlos salarialmente y la inminencia de un tarifazo contra la población, para compensar a las patronales por el retiro de subsidios que sobrevendrá. De la misma manera, la intimidación a periodistas que difunden información económica anticipa un escenario donde se buscará impedir que los medios den cuenta, aunque sea deformadamente, de los efectos desastrosos que para el pueblo tendrá la “profundización del modelo” en línea con los dictados del capital financiero mundial.

La judicialización del trabajo de los periodistas sería el complemento de los retos gubernamentales hechos desde el atril.

Rechazamos cualquier accionar que afecte la libertad de expresión de los periodistas, harto pisoteada como está ya por las patronales que los explotan. Sin embargo, cuando el poder político avasalla estos derechos, constitutivos de las condiciones de trabajo más generales de nuestro gremio, agrava más el sometimiento del trabajador de prensa frente a su propia patronal, aunque esta estuviera circunstancialmente enfrentada con el Gobierno. 

Llamamos a los delegados y comisiones internas del gremio a pronunciarse en repudio al exhorto del juez y en solidaridad con los compañeros afectados y exigimos a las empresas a no entregar información alguna que lesione los derechos de los trabajadores de prensa.

LA NARANJA DE PRENSA  22/09/11