Sobre el proyecto de ley kirchnerista “antimovilización” y el gremio de prensa

El gobierno nacional acaba de presentar un proyecto de ley  bajo el título de “Ley de Convivencia en manifestaciones públicas”. La iniciativa tiene el claro objetivo de cercenar las movilizaciones, cuyo proyecto diferencia entre protestas “legítimas” e “ilegítimas”. En caso de ser considerada “ilegítima” la norma habilita el “uso de la fuerza” para desalojarlas.

El gobierno nacional acaba de presentar un proyecto de ley  bajo el título de “Ley de Convivencia en manifestaciones públicas”. La iniciativa tiene el claro objetivo de cercenar las movilizaciones, cuyo proyecto diferencia entre protestas “legítimas” e “ilegítimas”. En caso de ser considerada “ilegítima” la norma habilita el “uso de la fuerza” para desalojarlas.

 En su acelerado proceso de derechización (Milani, Club de París, tarifazos, devaluación), el kirchnerismo busca robarle la agenda a Massa. Macri, exultante, ya enfatizó: “Estamos listos para colaborar con Cristina contra los piquetes”.

El texto lo redactó el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini (FpV), y lo avalaron con sus firmas referentes del kirchnerismo en Diputados como Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García y José María Díaz Bancalari.

Entre los fundamentos, los autores piden votar la norma para atender el pedido de la Presidenta. En efecto, el 1 de marzo de este año, en la apertura de sesiones del Congreso, Cristina dijo que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no impidiendo que la gente vaya a trabajar”, mientras era aplaudida de pie por el macrismo.

¿Cuándo una protesta sería considerada “legítima”, según el proyecto?  

Entre otros puntos,  “cuando no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud pública”, y “no impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada”.

Los argumentos, además de intentar regimentar la lucha de los trabajadores, buscan golpear contra la notable experiencia de la huelga docente, que luego de 17 días de paro lograron romper el techo paritario que quería imponer el gobierno ‘nacional y popular’.

La iniciativa alcanza el absurdo cuando establece que toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. En ella debe indicarse “el lugar en que se llevará a cabo”, el “tiempo estimado”, el objetivo de la manifestación” y el “manifestante delegado”.

El proyecto establece que “la manifestación no podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo del personal civil del Ministerio de Seguridad”. Los mediadores civiles tendrán dos horas de plazo: excedido ese plazo –explicitan– se entiende que la manifestación es “ilegítima” e “igual efecto tendrá la negativa expresa de los manifestantes a participar de la mediación”. Aclaran que están habilitadas para intervenir todas las fuerzas represivas, sean nacionales, provinciales o municipales.

Finalmente, la norma determina que se debe garantizar, a través de los medios públicos, la difusión de la manifestación en caso de ser “legítima”. En el caso de las “ilegítimas”, el mediador “podrá ofrecer a los manifestantes dar adecuada difusión cuando considere que existe cooperación por parte de aquellos”.

Estamos ante un hecho muy grave: es decir que si el mediador asume que no los manifestantes no “cooperan” está cercenado el derecho a la libertad de expresión.

El gremio de prensa no puede ser ajeno a este nuevo ataque contra los trabajadores.

La lucha por las paritarias 2013 fueron la expresión concreta de que los métodos de paros generales y movilizaciones –donde se cortaban las calles– fueron las herramientas legítimas que nos permitieron romper la coerción tanto de las patronales oficialistas y opositores, como del gobierno nacional.

Las paritarias 2014 ya están enmarcadas por un agudo proceso de crisis y ajustazos, y que exigirá de parte de los trabajadores de prensa el mismo compromiso de lucha no solo defender el poder adquisitivo de nuestros salarios –ya completamente licuados– sino para desarrollar nuestras conquistas.

Las movilizaciones permiten transformar una huelga de un hecho pasivo a activo, tal como se reflejó en último paro general del 10 de abril. Es decir, se transforma en un hecho consciente, lo cual prepara a los trabajadores para desarrollar en el tiempo sus propias reivindicaciones. Oponer un derecho a otro (la libre circulación contra el derecho al trabajo y la dignidad) es falsificar el eje, ya que vivimos en un sistema permanente de fuerza contra los trabajadores.

En caso de aprobarse este proyecto de ley, toda manifestación del gremio de prensa corre el peligro de ser considerada “ilegítima”. Es un proyecto clarificador: para imponer un ajustazo necesitan imponer la represión.

Llamamos al gremio de prensa a dar un debate en todas las asambleas sobre este proyecto.

No permitamos este atropello.

 

La Naranja de Prensa

21/04/2014