Repudiamos la demonización del compañero Juan Miceli

La comisión interna del noticiero de la TV Pública repudia la demonización del periodista Juan Miceli, desatada luego de que el conductor de Visión 7 Mediodía le preguntara al diputado Andrés Larroque acerca del uso de pecheras de La Cámpora y otras agrupaciones de Unidos y Organizados durante las tareas de acopio y reparto de las donaciones realizadas por las víctimas de la inundación en La Plata. Esta campaña, con centro en el programa 678, se ha extendido por una importante cantidad de medios.

La comisión interna del noticiero de la TV Pública repudia la demonización del periodista Juan Miceli, desatada luego de que el conductor de Visión 7 Mediodía le preguntara al diputado Andrés Larroque acerca del uso de pecheras de La Cámpora y otras agrupaciones de Unidos y Organizados durante las tareas de acopio y reparto de las donaciones realizadas por las víctimas de la inundación en La Plata. Esta campaña, con centro en el programa 678, se ha extendido por una importante cantidad de medios.

La irritación que provoca la pregunta de Miceli se explica con facilidad: preguntar sin condicionamientos no forma parte de la idea de periodismo y libertad de expresión que le agradaría al diputado Larroque.
Esto le valió al compañero Miceli ser calificado por 678 como “vocero de la derecha”, “periodista del establishment”, y “corporativo”.
Estas calificaciones son las que generan las condiciones para someter a escarnio a un periodista que trabaja hace tres años como una de las caras mas conocidas del noticiero de la TV Pública, y no tiene ninguna vinculación actual con el Grupo Clarín.

La reacción de Larroque, que increpó a Miceli preguntándole su nombre al aire, es un claro intento de intimidación, y en la que demuestra desconocer que este es un canal público y no gubernamental. Esta pregunta fue convenientemente editada y eliminada en la versión de los hechos presentada por los programas producidos por Diego Gvirtz, en un acto de manipulación.

Luego de eso, se pasó a la demonización, homologando un periodista individual a una corporación y utilizando el archivo como arma de demolición a la carta, con un claro objetivo: actuar de manera ejemplificadora a través del miedo para evitar la repetición de similares actos de “rebeldía”.

La etapa siguiente del escarnio es instalar la idea de que la pregunta de Miceli a Larroque fue el detonante de los incidentes entre militantes oficialistas y supuestos integrantes de la UOCRA, una narración conspirativa planteada explícitamente por el diputado Juan Cabandié y difundida por nuestro noticiero. Por lo tanto, es necesario aclarar que eso nada tiene que ver con la opinión de los periodistas trabajadores de prensa de Canal 7.

El pluralismo de la TV Pública no le debe nada a las autoridades de la empresa, sino a una historia de lucha y compromiso en defensa de los medios públicos y la democratización de la información que no empezó en 2003, sino mucho antes.

Sería bueno preguntarse qué tipo de política –y particularmente- qué clase de política de medios y de comunicación tienen aquellos que califican de “antipolítica” las preguntas incómodas y las críticas a las decisiones, acciones y discursos del gobierno, vengan de donde vengan, acertadas o no, pero de cualquier manera legítimas para los trabajadores de prensa.

En ese sentido, reivindicamos el absoluto e incuestionable derecho de los periodistas de la TV Pública, y de todos los demás medios, a ejercer su profesión libremente y sin condicionamientos de ninguna índole, lo que incluye los del poder político de turno.

COMISIÓN INTERNA DEL NOTICIERO DE CANAL 7

César Nenna, Agustín Lecchi, Norberto González, Jorge Rodríguez.

7D: Los trabajadores tenemos que tomar la palabra. Asambleas para fijar nuestra posición

Los tiempos se aceleraron y prácticamente todos los días el Gobierno y el Grupo Clarín protagonizan un nuevo round de cara a la pelea de fondo que se dio en llamar “7 D”. Se han sucedido la designación de Martín Sabatella al frente de la AFSCA; la pelea al interior del Consejo de la Magistratura que debe designar los jueces que decidirán sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos que obligan al pulpo a desinvertir; la reciente aprobación de la ley que reglamenta el per saltum para que la Corte pueda intervenir en el tema; la remoción de jueces; la discusión acerca de la forma en que los otros grupos comunicacionales se adaptarán a la ley. Todo en un cuadro donde se ha agravado el sistemático choque entre el atril presidencial y sus funcionarios más desbocados y las tapas y notas del diario Clarín y sus restantes medios. 

No existe tema de la agenda pública –inflación, seguridad, política exterior– que no esté, aunque en muchos casos artificialmente, cruzado por este choque, es decir que estamos ante una crisis de conjunto que afecta a todo el régimen político.

Los tiempos se aceleraron y prácticamente todos los días el Gobierno y el Grupo Clarín protagonizan un nuevo round de cara a la pelea de fondo que se dio en llamar “7 D”. Se han sucedido la designación de Martín Sabatella al frente de la AFSCA; la pelea al interior del Consejo de la Magistratura que debe designar los jueces que decidirán sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos que obligan al pulpo a desinvertir; la reciente aprobación de la ley que reglamenta el per saltum para que la Corte pueda intervenir en el tema; la remoción de jueces; la discusión acerca de la forma en que los otros grupos comunicacionales se adaptarán a la ley. Todo en un cuadro donde se ha agravado el sistemático choque entre el atril presidencial y sus funcionarios más desbocados y las tapas y notas del diario Clarín y sus restantes medios. 

No existe tema de la agenda pública –inflación, seguridad, política exterior– que no esté, aunque en muchos casos artificialmente, cruzado por este choque, es decir que estamos ante una crisis de conjunto que afecta a todo el régimen político.

Quién juega, Mauro

De un lado, el Grupo de medios más importante de la Argentina y uno de los más poderosos de Latinoamérica, famoso por su despotismo laboral y sus inescrupulosas prácticas anti sindicales y con toda una historia de negocios sucios y pactos con el poder político de turno al servicio de la desinformación y la manipulación de la realidad.  Él mismo resultado de acciones estatales contra medios de comunicación que colaboraron en su crecimiento, como el cierre del diario La Prensa en 1951, su nivel de entrelazamiento con el Estado y sus prebendas llevaron a que, alguna vez, se llevara el mote de “el Ministerio”.  

Del otro, un Gobierno, ex aliado de ese mismo Grupo, pagador serial de la deuda externa, defensor de la minería contaminante, sostén mediante cuantiosos subsidios de las privatizaciones del menemismo, experto en cooptación de movimientos y organizaciones otrora progresistas, caudillo de una lumpen burguesía mediática, con los Olmos, Szpolsky, Manzano, Vila y Cristóbal López, que se frotan las manos a la espera de la tajada que les toque en la reestructuración  capitalista que se avecina en el sector. 

El grupo Clarín pone en juego negocios estratégicos, vitales para su supervivencia y el Gobierno el resultado de las elecciones de 2013, es decir su estabilidad política atada a la perspectiva de re reelegir a Cristina, como si la imposición del “relato” que el pulpo le desafía pudiera imponerse a los embates de la crisis mundial y a los límites insalvables que la inflación y la quiebra del régimen de subsidios y rescate a las privatizadas con pago puntilloso de la deuda externa le marcan.   

Aún cuando la apuesta por superar los límites de la realidad por el relato que se haga de ella es el complemento de una visión conspirativa que atribuye a los medios capacidades que no tienen ni tuvieron, la perspectiva de reemplazar a un grupo privado concentrado de medios por uno igual de concentrado pero estatal o de capitalistas “amigos” no supone ningún progreso para la democratización de la comunicación social y hasta es peor, en tanto la posibilidad de una voz única de los capitalistas está atravesada por la competencia mientras que la que surja del Estado refuerza otros monopolios, como el de la violencia, la emisión de dinero, el Presupuesto, la administración de la deuda pública y los principales resortes de la cultura y la educación. 

Aunque usados por la Corpo y por la Korpo de manera espuria para esconder una pelea de capitalistas, la libertad de expresión de los periodistas y el concomitante derecho de la sociedad a una información veraz y objetiva se entrelazan con la suerte que correrán los más interesados en defender consecuentemente ambos principios: los trabajadores, que siempre pagan con precios altísimos, cada retroceso en las libertades democráticas como saldo de disputas interpatronales tácticas y coyunturales. 

Los trabajadores,  ausentes pero no tanto

Pese a la envergadura del choque y de lo que está en juego los trabajadores no logran intervenir, mucho menos con una posición unitaria e independiente. Desde el comienzo del conflicto, han debido enfrentar el feroz intento de alinearlos con uno u otro de los bandos, con el riesgo de sacrificar la unidad de clase con una agenda interpatronal hostil a sus intereses.  

La ausencia de una posición de clase, basada en una debate colectivo, ha dejado el campo abierto para manifestaciones aberrantes. La comisión interna del SAT de Canal 13/TN hizo saber, por ejemplo,  “que coincidimos y apoyamos el proyecto que la empresa lleva adelante en materia de televisión y generación de puestos de trabajo”. Sin embargo, Mariana, despedida del Canal por su actividad sindical, denunció que el 75% de los trabajadores de su sector son tercerizados y que las condiciones de trabajo son paupérrimas.  

La interna gráfica de la planta Zepita, donde se imprime Clarín, no le quiso ir en zaga y salió con un brulote igual de pro patronal, que el matutino no perdió la oportunidad de publicar en sus páginas.  “Los años de trabajo y diálogo con la empresa nos llevan a confiar y respetar las decisiones de quienes conducen el Grupo Clarín, conociendo además las convicciones empresariales y morales de dichos directivos”, sostiene el cuerpo de delegados en un texto abominable en el que, entre otras cosas, omite la enorme cantidad de contratados que hay en Clarín Zepita, donde hasta los francos son cubiertos por compañeros que están en esa condición pero con más de 10 años de antigüedad. Ambos comunicados parecen escritos por las oficinas de Recursos Humanos de cada empresa antes que por dirigentes… sindicales.  

En la otra vereda, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) sale en defensa de la Ley de Medios y anestesia a los trabajadores con la peregrina idea de que “la Ley de Medios Audiovisuales no contiene ninguna cláusula de desinversión que afecte a empresas gráficas”, como si Artes Gráficas Rioplatense o la Planta de Impresión del diario Clarín fueran compartimentos estancos y autoinmunes a los avatares del holding de empresas al que pertenecen. Quienes le avisan que han llegado tarde a mensurar las consecuencias son los compañeros de la comisión interna de AGR, la primera expresión independiente y sensata ante tanto desvarío pro patronal o progubernamental: “¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario?”, señalan, a la vez que denuncian retiros voluntarios en ciernes y recuerdan el dato de que “en AGR imprimimos la revista de Multicanal?”  

La conducción de la UTPBA saludó calurosamente la asunción de Martín Sabbatella como titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), desde donde se convertirá en el comisario político del gobierno en la aplicación de la Ley al gusto del paladar oficial. Pero, además, dijo que apoya “la desinversión establecida por la ley”, aunque alertó sobre la posibilidad de que se puedan perder puestos de trabajo. Un saludo a la bandera. 

Lo concreto es que se colocó –aviesamente, como es su costumbre-, en la vereda del gobierno. 

Es más, ni siquiera puso en discusión la necesidad de preservar el derecho de los trabajadores a emitir la opinión que consideren correcta, tanto en el caso de que Canal 13/TN sean intervenidos o que sigan en manos de la Corpo. 

La Utpba ha llegado al extremo de no emitir opinión alguna frente a la grave provocación ocurrida en Venezuela contra Lanata y el equipo periodístico de Canal 13/ TN, abandonando su indelegable responsabilidad en la defensa de los periodistas afectados.  

La conducción de la Utpba, tiene todo el derecho como tal de estar a favor de la Ley de Medios o de cualquier otra ley, lo que no puede es arrogarse la representación de los afiliados en una posición que no fue discutida en asamblea alguna. Y mucho menos mantenerse en silencio sin oponer a la reestructuración que se avecina ningún pliego de exigencias ni garantías para los compañeros que se puedan ver afectados. En este punto, la comisión interna de prensa de Canal 13/TN, uno de los epicentros del conflicto,  tiene pendiente, por su lado,  aprovechar el envión que significó la victoria del reingreso de uno de sus delegados despedidos para impulsar un planteo de exigencias a la patronal actual como a la que, eventualmente, se haga cargo de las señales canal si es que se concreta la “desinversión”. Es extremadamente peligroso limitarse por toda posición a reivindicar las vaporosas alusiones de la propaganda oficial acerca de “garantizar los puestos de trabajo”. La inminencia del 7D plantea la necesidad de convocar una asamblea general para discutir una posición común de los trabajadores de prensa del canal. 

Qué puestos

Ausentes en el debate, maniatados en sus posibilidades de fijar una posición propia, los trabajadores son, sin embargo, aludidos e interpelados sistemáticamente con la promesa de que la Ley de Medios tiene el espíritu de “preservar los puestos de trabajo” y hasta de “crear nuevos”. Habrá que reclamarle, entonces, a los espíritus porque en el articulado de la norma no hay ninguna mención a que se prohibirán despidos o algo parecido. En los últimos días, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ha ratificado esa posición sobre los puestos de trabajo y el 7D, pero en una reunión con delegados de prensa lo presentó como una intención, en la que  “podemos fracasar”, al tiempo que recordó cómo, en otros terrenos en los que decisiones de política general del Gobierno afectaron fuentes laborales, se “garantizó, si bien no la totalidad, hasta un 70, 80% de los puestos, como el caso de los frigoríficos o la desaparición de las AFJP”. O sea que, en el primer descuido, ya se nos cayeron algunos puntos porcentuales del pleno empleo derivado de la ley de medios.  

La vaguedad con la que se alude a la preservación de los puestos de trabajo da pavura. ¿Será como en el cerrado diario Crítica, donde una huelga y ocupación de meses logró la reinserción de menos del 30% de los compañeros en trabajos nuevos sin garantía de antigüedad ni salario excepto el que se pudiera obtener mediante la lucha de los trabajadores de los medios adonde se reinsertaron los compañeros? ¿Cómo se garantizarán los puestos? ¿Con qué condiciones?  

La alusión a garantizar puestos de trabajo sin hacer mención a la integridad intelectual de los periodistas involucrados en los medios que se reestructurarían a partir del 7D es simplemente pérfida. Sin libertad de expresión, el puesto de trabajo del periodista no está garantizado de ninguna manera porque la posibilidad de expresar sus opiniones e informar con libertad es algo indivisible de su condición de trabajador periodista y, por lo tanto, de su puesto. Es lícito dudar de que el oficialismo esté pensando en esto cuando se sabe que son legisladores del oficialismo como Recalde los que tienen en carpeta un proyecto de ley sobre libertad de conciencia de los periodistas que tiene por único fin que el trabajador pueda considerarse despedido y llevarse una indemnización si cambia la orientación editorial de su medio.  

La Utpba ni siquiera puso en discusión la necesidad de preservar esta  integridad, entendida como el derecho de los trabajadores a emitir la opinión que consideren, sea en caso de que Canal 13/TN sean intervenidos o que sigan en manos de la Corpo. 

A-SAM-BLE-A

Los trabajadores están ausentes porque tienen bloqueados los mecanismos fundamentales con los que pueden hacerse oír, a través de asambleas generales y de la movilización y la lucha en base a un programa discutido democráticamente para plantar su propia agenda frente a los bandos en pugna. La necesidad de que los trabajadores voten en asamblea una postura común de cara al 7D es vital, no porque los exima de una orientación equivocada sino porque su actuación colectiva, mediante el saldado de las diferencias a través de mecanismos democráticas, le imprimiría al asunto una dinámica distinta, donde las posiciones y la lucha de tendencias públicamente expuestas puedan ser cotejadas con la realidad y los resultados de la acción práctica.

UN PROGRAMA
La defensa de la libertad de expresión como el derecho del pueblo a acceder a una información veraz y objetiva, y como la necesidad de garantizar mecanismos de control social en la gestión de esa información, para asegurar el cumplimiento de esos criterios en materia de contenidos. También la defensa de las reivindicaciones laborales, derechos y conquistas de los trabajadores de los medios afectados. Y la preservación de las condiciones materiales para que los trabajadores sean un actor gravitante en el desenlace o en el proceso de crisis que se abra. 

Basta de persecución sindical en todas las empresas del grupo Clarín. 

Por la reincorporación del delegado Marcelo Moreira y de Mariana  en Canal 13/TN. 

Pero no es sólo Clarín. En muchos medios se vive persecución a la vida sindical y el bloqueo a la organización, así como incumplimientos de elementales condiciones de trabajo y de los acuerdos paritarios, del Estaturo y el Convenio. 

Que se respeten la libertad sindical y nuestras conquistas en todas las empresas del gremio. 

Gravar a los grupos comunicacionales, de capital nacional o extranjero, para constituir un fondo de ayuda a empresas de medios en crisis, bajo control de los trabajadores y sus organizaciones, para solventar los primeros pasos de una gestión popular que abra su dirección de contenidos a la participación de las organizaciones sociales y que preserve las condiciones laborales de los trabajadores afectados. 

Ante la posibilidad de que una empresa cambie de dueños, asamblea general de planta para establecer un pliego con las condiciones del pasaje, que vote un comité de transición de la gestión de la empresa para analizar, con derecho a veto, la propuesta de los nuevos dueños. En paralelo, elección de delegados inmediata en todas aquellas empresas involucradas en este proceso que no los tengan, flexibilizando los requisitos para los candidatos. 

Asamblea general en cada empresa y en todos los sindicatos afectados por el 7D para procesar y votar un programa de salida general de los trabajadores frente a la crisis.

7D: Un programa

La defensa de la libertad de expresión como el derecho del pueblo a acceder a una información veraz y objetiva, y como la necesidad de garantizar mecanismos de control social en la gestión de esa información, para asegurar el cumplimiento de esos criterios en materia de contenidos. También la defensa de las reivindicaciones laborales, derechos y conquistas de los trabajadores de los medios afectados. Y la preservación de las condiciones materiales para que los trabajadores sean un actor gravitante en el desenlace o en el proceso de crisis que se abra.

La defensa de la libertad de expresión como el derecho del pueblo a acceder a una información veraz y objetiva, y como la necesidad de garantizar mecanismos de control social en la gestión de esa información, para asegurar el cumplimiento de esos criterios en materia de contenidos. También la defensa de las reivindicaciones laborales, derechos y conquistas de los trabajadores de los medios afectados. Y la preservación de las condiciones materiales para que los trabajadores sean un actor gravitante en el desenlace o en el proceso de crisis que se abra.

Basta de persecución sindical en todas las empresas del grupo Clarín.

Por la reincorporación del delegado Marcelo Moreira y de Mariana Cucaresse en Canal 13/TN.

Pero no es sólo Clarín. En muchos medios se vive persecución a la vida sindical y el bloqueo a la organización, así como incumplimientos de elementales condiciones de trabajo y de los acuerdos paritarios, del Estaturo y el Convenio.

Que se respeten la libertad sindical y nuestras conquistas en todas las empresas del gremio.

Gravar a los grupos comunicacionales, de capital nacional o extranjero, para constituir un fondo de ayuda a empresas de medios en crisis, bajo control de los trabajadores y sus organizaciones, para solventar los primeros pasos de una gestión popular que abra su dirección de contenidos a la participación de las organizaciones sociales y que preserve las condiciones laborales de los trabajadores afectados.

Ante la posibilidad de que una empresa cambie de dueños, asamblea general de planta para establecer un pliego con las condiciones del pasaje, que vote un comité de transición de la gestión de la empresa para analizar, con derecho a veto, la propuesta de los nuevos dueños. En paralelo, elección de delegados inmediata en todas aquellas empresas involucradas en este proceso que no los tengan, flexibilizando los requisitos para los candidatos.

Asamblea general en cada empresa y en todos los sindicatos afectados por el 7D para procesar y votar un programa de salida general de los trabajadores frente a la crisis.

La posición de los trabajadores ante el 7D

Se acerca el 7 de diciembre -conocido como el “7D”- fecha en que termina la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, y en la que se discute si este debe realizar una desinversión inmediata en sus licencias audiovisuales como plantea el gobierno, o si  a partir de allí debe computarse el plazo de un año para la misma.

Clarín defiende su enorme concentración mediática, y el gobierno por su parte, un nuevo armado, incluso mas monopólico, pero en manos de empresarios amigos. Los trabajadores del Grupo Clarín estamos, objetivamente, en medio de esta disputa. 

Se acerca el 7 de diciembre -conocido como el “7D”- fecha en que termina la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, y en la que se discute si este debe realizar una desinversión inmediata en sus licencias audiovisuales como plantea el gobierno, o si  a partir de allí debe computarse el plazo de un año para la misma.

Clarín defiende su enorme concentración mediática, y el gobierno por su parte, un nuevo armado, incluso mas monopólico, pero en manos de empresarios amigos. Los trabajadores del Grupo Clarín estamos, objetivamente, en medio de esta disputa. 

No se trata de una cuestión jurídica o comercial, la guerra por el reparto de medios refleja una división política en el campo patronal que divide aguas en el seno de la Justicia, la UIA, la cámara de diputados, los gobernadores, e incluso los sindicatos por la falta de independencia de sus direcciones. 

La directiva del sindicato gráfico (SFGB) históricamente ha estado “atada” a Clarín: allí está como postal la foto de Ongaro en la celebración de los 50 años de Clarín, su acuerdo para promocionar la AFJP Activa (de Clarín) cuando la privatización de las cajas jubilatorias, o el acuerdo para que el beneficio de Médicus que tenemos los trabajadores, vaya atado a la obligación de  mantenerse en la Obra Social Gráfica a la que Clarín siempre adelantó sus cuotas. Tal vez por todo esto a Clarín le resultó tan fácil en los 90 desconocer el convenio en AGR con la implementación de la “semana desplazada”. La directiva también se ha caracterizado por su amistad con todos los gobiernos, en particular de Menem para acá. Esta subordinación a Clarín y al gobierno ahora los ha llevado a partirse, no para defender los intereses obreros, sino en función de la división en el campo patronal.

Así los delegados de Clarín Zepita escribieron una carta de apoyo a RRHH que Clarín publicó el 11/10/12, y al otro día el SFGB sacó otra carta, esta vez obsecuente con el gobierno. Ambas posiciones desarman por completo a los trabajadores ante cualquier eventual ataque, los primeros, aliados a la patronal que en el propio diario está impulsando retiros “voluntarios” (promocionados por ellos mismos), y los segundos embelleciendo la ley de medios y desinformando a los afiliados al asegurar que esta no traería aparejada ninguna consecuencia para los gráficos, mientras a caballo de su implementación esta en marcha una reorganización empresarial completa de los medios. ¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario y los “retiros” mencionados? ¿O que en AGR imprimimos la revista de Multicanal? ¿No sabe del manejo discrecional de las licitaciones para impresiones del estado, así como de la distribución de la pauta publicitaria oficial sin considerar cantidades en tirada y ventas de diarios y revistas? ¿Desconoce que toda mayor concentración tiende a un posterior achique?

Además, los trabajadores de AGR-Clarín en el pasado ya sufrimos el bloqueo informativo a nuestros conflictos por la “unidad” patronal-estatal de los grupos mediáticos. Una nueva monopolización de contenidos no significaría más que una nueva versión de lo mismo, sólo que con Vila-Manzano, Spolszki, y Cristóbal López… en lugar de Magnetto. Las empresas periodísticas no garantizan la libertad de prensa ni de expresión, la concentración de esas empresas en torno al estado menos. 

Dentro de las empresas de Clarín, nuestra fábrica es en la que los trabajadores más hemos sufrido las consecuencias de las idas y venidas entre Clarín y el gobierno en los últimos años: de los mas de 500 policías invadiendo el taller contra la huelga del 2004 (en pleno gobierno de Néstor Kirchner), con despidos masivos (119) y persecución gremial,  a los bloqueos de 2010 y 2011 encabezados por una interna que luego arregló con la gerencia.

Con el gobierno y Clarín amigos o peleados, nunca nadie defendió a los trabajadores más que los trabajadores mismos. La lucha contra la “semana desplazada”, por la que hasta julio pasado nos obligaban a trabajar los sábados y domingos en franca violación al convenio, la tuvimos que dar también contra la complicidad del Ministerio de Trabajo. El propio Tomada dejó pasar los despidos del 2004 y la exclusión durante 7 años de representantes gremiales, luego acordó con el sindicato y Clarín el reingreso de los delegados de la Juventud Sindical que se terminaron yendo por dinero, pero mantuvo la exclusión de dos miembros de la actual interna reincorporados luego por vía judicial.

Los trabajadores tenemos intereses distintos a los grupos en disputa, vaya como ejemplo la nueva ley de ART, celebrada por la UIA y Adeba. El gobierno la impulsó, ¿alguien piensa que Clarín pueda estar en contra? Para nada. ¿A quien perjudica? A nosotros, los trabajadores, que nos encontramos reclamando por la inseguridad industrial. 

Por ello, frente a esta disputa patronal, la Comisión Interna Grafica de AGR Clarín nos solidarizamos y llamamos a los trabajadores de todo el Grupo Clarín a defender, con asambleas y unidad, en forma independiente del gobierno y la empresa, todos los puestos y condiciones de trabajo, especialmente en los medios más afectados como las radios, el cable, y canal 13/TN (Artear). Pero también en los medios gráficos, oponiéndonos a cualquier “retiro” compulsivo en Clarín Zepita, y reclamando, para el caso de nuestro taller, que se garantice la continuidad de la impresión de todas las publicaciones. Reclamamos y llamamos a unirnos por la total libertad sindical y elección de delegados en todas las empresas gráficas y periodísticas, por el cumplimiento de las paritarias en Tacuarí y la reincorporación de Mariana  en el 13. Reclamamos que este debate se lleve al seno del pleno del cuerpo de delegados del SFGB, sin exclusiones.

Comisión Interna Gráfica de AGR-Clarín

26-10-12

7D: el destino de las cooperativas y las pequeñas patronales

Las pequeñas patronales y las cooperativas de la prensa gráfica, virtuales y de papel, han tomado, también, una seguidilla de claras posiciones frente a la proximidad del 7D.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al no tenerlas en cuenta, les impone la regulación de hecho por parte del Poder Ejecutivo y las somete a mendigar pauta oficial. Por eso, a mediados de 2011, el núcleo de estos medios (La Vaca, THC, Sudestada, Barcelona) llevó adelante la conformación de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes (Arecia).

Las pequeñas patronales y las cooperativas de la prensa gráfica, virtuales y de papel, han tomado, también, una seguidilla de claras posiciones frente a la proximidad del 7D.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al no tenerlas en cuenta, les impone la regulación de hecho por parte del Poder Ejecutivo y las somete a mendigar pauta oficial. Por eso, a mediados de 2011, el núcleo de estos medios (La Vaca, THC, Sudestada, Barcelona) llevó adelante la conformación de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes (Arecia).

Según un censo de la Secretaría de Cultura de la Nación, la misma que organizó hace pocos días un recital en el edificio de la Unión Ferroviaria donde se planeó el asesinato de Mariano Ferreyra, son 241 las revistas que pertenecen al sector. El 52 por ciento tiene sus redacciones en Capital Federal, mientras que el 48 por ciento las tiene en el interior del país. En total, la tirada de todas las revistas asciende a los 350 mil ejemplares mensuales y alcanza a 1.500.000 lectores.

Por otro lado, según el censo propio de Arecia, son 139 las revistas. El 64 por ciento opera como monotributistas, el 15 por ciento como cooperativas, el 13 por ciento como asociaciones civiles y el resto se reparte entre sociedades anónimas, sociedades registradas limitadas y fundaciones. El 95 por ciento de las publicaciones se distribuyen en papel, mientras que el 5 por ciento sólo son digitales. Del total, el 77 por ciento se venden en los puestos de diarios y el 33 por ciento son de distribución gratuita.

Las publicaciones aportan mensualmente $1.700.000 pesos al sector de “la industria gráfica PYME regional”, según el procesamiento realizado por Arecia de la información aportada por el Estado, tomando como base la existencia de 241 revistas.

Un dato no menor es que “la presentación en sociedad de la Asociación de Revistas Culturales Independientes se hizo en el marco de MICA, la primera feria de negocios de la industria cultural argentina”, organizada por la Subsecretaria de Industrias Culturales de la Nación. “Es hora entonces, de que le demandemos al Estado políticas claras que protejan la producción independiente. Y que esto no dependa de la mayor o menor disposición para escuchar al sector que tenga un determinado funcionario, sino de una legislación que garantice reglas de juego democráticas. Es hora de una ley de aliento y protección integral de las industrias culturales”, dijo la actual presidente de Arecia, Claudia Acuña, en la primera intervención mediática de la asociación (Periódico MU 8/6/11).

Es un detalle no menor, también, que el núcleo de Arecia bloqueó, junto a los canillitas porteños, la salida del Centro de Distribución, “como forma de reclamar a la Asociación de Editores de Revistas que cumplan con lo prometido: otorgarles a los canillitas una suma que compense la pérdida del histórico porcentaje que ellos obtenían por su labor”. (MU 12/9/12)

Por último, cabe destacar que a la fecha de hoy, los miembros de Arecia militan por la sanción de la  Ley de Fomento para la Producción Autogestiva de Comunicación Social por Medios Gráficos y de Internet. Un proyecto redactado por los referentes de la asociación que busca obligar al Estado (y que el Estado obligue a los privados) a destinar pauta oficial y subsidios al cúmulo de revistas culturales argentinas. 

El cuadro de situación para los trabajadores de prensa tiende a girar hacia condiciones peores de las que conocemos. El país atraviesa una bancarrota histórica y tanto la Corpo como la Korpo, coyunturalmente enfrentadas, optan por el mismo camino: despedir y hambrear a las familias de los periodistas para dejar caer sobre sus espaldas la precarización del sector, y garantizar así la defensa mediática de intereses capitalistas, tan afines al gobierno como a Clarín. Por su parte, las revistas culturales e independientes caminan a paso firme rumbo a la desaparición. Y corren, además, el claro riesgo de vender su tinta al mejor postor para no esfumarse de los escaparates.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de corrientes ideológicas que confluyen en Arecia, y teniendo en cuenta las movilizaciones realizadas, llamamos a los compañeros de revistas culturales e independientes a desarrollar un amplio debate y votar un plan de acción que nos permitirá abonar el terreno y afrontar el 7D sin recortes salariales, sin despidos, sin persecución y con libertad sindical y de expresión.

La Korpo de Cristina: ¿es la solución a la Corpo de Magnetto?

Los trabajadores de los medios necesitamos otra salida

El gobierno kirchnerista decidió ir a fondo contra el grupo Clarín. Se prepara para intervenir Cablevisión el 7 de diciembre, cuando venza la medida cautelar interpuesta por Héctor Magnetto para eludir la disposición de la “ley de medios” que establece un máximo de 24 licencias de TV en todo el país (Clarín tiene 158).

Se trataría de un golpe demoledor, ya que Cablevisión le aporta al grupo el 60% de sus ingresos.
Pero también Canal 13 ó la señal de cable TN podrían caer en la volteada y terminar intervenidos por el Gobierno como parte de la misma obligación de desinversión.

Parte de la ofensiva oficial, son también los avances de Guillermo Moreno sobre Papel Prensa. El manejo oficial de la principal empresa de papel de diario del país le daría otro golpe muy grande al grupo de Noble y Magnetto.

Los trabajadores de los medios necesitamos otra salida

El gobierno kirchnerista decidió ir a fondo contra el grupo Clarín. Se prepara para intervenir Cablevisión el 7 de diciembre, cuando venza la medida cautelar interpuesta por Héctor Magnetto para eludir la disposición de la “ley de medios” que establece un máximo de 24 licencias de TV en todo el país (Clarín tiene 158).

Se trataría de un golpe demoledor, ya que Cablevisión le aporta al grupo el 60% de sus ingresos.
Pero también Canal 13 ó la señal de cable TN podrían caer en la volteada y terminar intervenidos por el Gobierno como parte de la misma obligación de desinversión.

Parte de la ofensiva oficial, son también los avances de Guillermo Moreno sobre Papel Prensa. El manejo oficial de la principal empresa de papel de diario del país le daría otro golpe muy grande al grupo de Noble y Magnetto.

MANIPULACION Y RE-ELECCION

El monopolio quedaría así prácticamente fuera de juego de cara al 2013, crucial año electoral, cuando se dirimiría la suerte de la re-reelección y la estabilidad política del Gobierno hasta el 2015.

Y, a su vez, el resultado de estas medidas podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es que, con el recurso de una intervención estatal se podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al Gobierno en posesión de los medios de la Corpo.

El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo. Y tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.

Es que, si bien la “ley de medios” que se invoca para hacer desinvertir a Clarín estuvo concebida para reordenar el mapa de los medios a favor grupos empresarios ligados férreamente con el Gobierno, de cara a las necesidades políticas del kirchnerismo, la reprivatización de las empresas de la Corpo podría demorarse el tiempo que al Ejecutivo le resulte necesario, ya que los grupos ligados al Gobierno (Vila-Manzano, Telecentro y otros), tienen dificultades para apropiarse en el corto plazo de las licencias de Clarín. El revés judicial del grupo Vila-Manzano en la intervención a Cablevisión pone de relieve la falta de espaldas de este monopolio mendocino y su incapacidad para enfrentar a Magnetto. Vila-Manzano no recibe la presión del Gobierno para desinvertir aunque, por la concentración de licencias, también viola la “ley de medios”.

OTRA QUE “CLARIN MIENTE”

El Estado arbitra y arbitrará el nuevo reparto del espacio mediático, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del Gobierno.

Así, una estatización del monopolio, cualquiera sea las características que adopte, le daría al Gobierno un arma decisiva de manipulación y de control de la información al servicio de los intereses capitalistas que el kirchnerismo defiende.

De producirse un ‘desguace’ del grupo, conoceríamos en forma exacerbada el famoso “Clarín Miente”. Los Ciccone y Boudou, el Indek y la inflación, Pedraza y su patota, Gerardo “601” Martinez, la contaminación de las mineras y la depredación del medio ambiente, desaparecerían como factor de denuncia. Para quienes necesiten un ejemplo, basta ver el tratamiento “informativo” que los medios oficialistas le dieron a la brutal represión contra los desocupados que la Gendarmería de la ministra Nilda Garré descargó hace unos días en la Panamericana.

CAPITALISMO Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión.

En lo que respecta a los trabajadores de prensa, la libertad de expresión que hoy está coartada, en este caso, por el grupo de Noble/Magnetto, pasaría a estar sometida al control de los ‘comisarios’ políticos del Gobierno. Como sucede en Télam, donde las noticias que se emiten son del “Mundo Feliz” y se tira al cesto cualquier dato o noticia que pueda tener el más mínimo tufillo crítico. O en Radio Nacional, donde se llegó a prohibir informar que Mariano Ferreyra era un militante y mucho menos precisar que era del Partido Obrero (la orden fue mencionarlo como un trabajador tercerizado). O el despido de trabajadores díscolos al “relato” en Canal 7.

Nosotros combatimos contra el monopolio de Clarín porque también defiende intereses capitalistas y pretende imponer “un discurso” contra los trabajadores y los sectores populares. Y porque, consecuentemente, explota y censura a los compañeros de prensa que trabajan en sus medios.

Pero denunciamos el propósito reaccionario del Gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas.

NUESTRA POLITICA

En oposición a esta maniobra reaccionaria, que nada tiene de progresiva por más esfuerzos que hagan los epígonos oficiales, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de los representantes de los sectores populares.

Alertamos sobre la ofensiva que puede desatarse sobre los trabajadores de los medios de Clarín y llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos y de televisión. Luchamos por la defensa integral del Estatuto del Periodista y los convenios.

Denunciamos también que cualquier intervención estatal del kirchnerismo supondría para los trabajadores de cualquier medio público o privado un cercenamiento aún mayor de la libertad de expresión.

Semejante poder omnímodo del Gobierno sobre los medios crearía un clima general de intimidación contra todos los trabajadores de prensa, incluso para aquellos que se desempeñan en los medios “críticos” del Gobierno o, al menos, que no están alcanzados de manera directa por la mano K, o que no se ubican taxativamente en uno u otro campo. Esto es así porque el refuerzo de la monopolización estatal de los medios operaría, para encontrar un simil, como la desocupación sobre los reclamos salariales, que exhiben una tendencia a moderarse ante la amenaza de despido con menos posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Si el Gobierno avanza sin resistencia sobre cada medio crítico, nadie se sentirá a salvo de ejercer libremente su trabajo de periodista, cuya esencia para el ideario más liberal que existe sobre la profesión es escrutar al poder, ya que no sabrá en qué momento su propio medio puede caer en manos del Gobierno o de un empresario amigo. Frente a su propia patronal, aún cuando la patronal sea de la Corpo que no ha caído en manos oficiales, el periodista también se verá debilitado para luchar contra la censura, al restringírsele las opciones en las que apoyarse -al menos individualmente y dejando de lado, por ahora, las opciones de lucha colectiva- para resistir la imposición del relato de su propia patronal. Como criterio general consideramos que todo menoscabo legal y social sobre la libertad de expresión perjudica estratégicamente a la clase obrera en general y a la que se desempeña en los medios en particular y supone, siempre, un reforzamiento de las posiciones patronales sobre sus propios trabajadores aunque la patronal en cuestión milite circunstancialmente en el campo rival del Gobierno autor de la eventual iniciativa censora.

Para ser más claros, todo ataque a la libertad de expresión o todo retroceso en las libertades para ejercer la tarea periodística será, más temprano que tarde, un reforzamiento de los Magnetto /Noble contra sus trabajadores aunque en el camino o coyunturalmente se vean perjudicados. En todo caso serán los nuevos Magnetto Noble surgidos de la nueva configuración capitalista (que tenderá a ser monopólica de manera inevitable por imperio de las leyes que rigen el desenvolvimiento del capital) los beneficiarios directos de ese cuadro de intimidación contra los trabajadores periodistas, si es que se de el caso extremo de una pulverización de la patronal en cuestión en el aquí y el ahora.
El tan temido poder de Clarín fue el resultado de una sucesión de ataques a la libertad de expresión ejercidos desde el poder estatal. El primero de todos por parte de Juan Perón en su segunda presidencia, contra el diario La Prensa, cuya página de clasificados, su gran negocio de la época, pasó directamente a manos del joven diario Clarín, debido a las buenas migas ocasionales de Roberto Noble con elementos de ese gobierno. Ese fue el primer gran golpe de mano de Clarín, que le permitió pegar un salto descomunal en etapa tan temprana de su historia. Ni hablar de los ataques a la libertad de expresión ejercidos por la dictadura de Videla, que redundaron en un considerable aumento del poder económico de Clarín como premio a su política de ocultamiento de los crímenes de los genocidas; fue, además, ese impresionante poder estatal dictatorial, reforzado por la suma del poder público y el control de los medios, lo que le permitió a Clarín terminar con todo vestigio de oposición gremial, una faena que empezó incluso antes, bajo el gobierno de la Isabel y el imperio de las Tres A.

Consecuentemente, la restricción de la libertad de expresión por la vía de la acción estatal supone siempre un reforzamiento del propio aparato estatal en general, cuyo carácter conspirativo contra la clase obrera y el pueblo se desenvuelve mejor sin periodistas y /o medios que pretendan echar luz sobre su condición secreta y represiva. Todo reforzamiento del carácter represivo del Estado o del propio estado termina siempre yendo a parar a la cuenta de los capitalistas, que se valen de ese estado para sojuzgar a la clase que explotan.

Ante esta puja entre el Gobierno y la Corpo resulta fundamental abrir una deliberación entre los trabajadores de todos los medios, que defienda el derecho a la información de nuestro pueblo contra la censura y la manipulación de todas las fracciones capitalistas estatales y privadas en pugna.

Qué hacer

El choque de trenes entre el Gobierno y el Grupo Clarín, podría derivar en una reconfiguración radical del mapa de medios de la Argentina, de su organización y gestión capitalistas. Las empresas del holding de Noble/Magnetto serán las primeras impactadas por la crisis pero no las únicas. El Grupo Clarín entero podría ingresar en una etapa de drásticas reestructuraciones a su interior, pero también los otros grupos o empresas de comunicaciones se someterán a las transformaciones que les sean necesarias para participar y ubicarse en mejor posición ante este rediseño general.

El choque de trenes entre el Gobierno y el Grupo Clarín, podría derivar en una reconfiguración radical del mapa de medios de la Argentina, de su organización y gestión capitalistas. Las empresas del holding de Noble/Magnetto serán las primeras impactadas por la crisis pero no las únicas. El Grupo Clarín entero podría ingresar en una etapa de drásticas reestructuraciones a su interior, pero también los otros grupos o empresas de comunicaciones se someterán a las transformaciones que les sean necesarias para participar y ubicarse en mejor posición ante este rediseño general.
Es decir que estamos ante las puertas de acontecimientos mayúsculos para los trabajadores de los medios. Magnetto /Noble, Vila/Manzano, Cristóbal López, Hadad, Szpolsky, los Olmos… La mera enumeración de los principales actores capitalistas de esta crisis general crea la necesidad imperiosa de que los trabajadores de los medios debatan un programa para intervenir, desde ahora mismo, en el curso de los acontecimientos.

Los dos ejes básicos de esa intervención deberían ser:

  • la defensa de la libertad de expresión, entendida como el derecho del pueblo a acceder a una información veraz y objetiva, y como la necesidad de garantizar mecanismos de participación social en la gestión de esa información, para asegurar el cumplimiento de esos criterios en materia de contenidos.
  • la defensa de las reivindicaciones laborales, derechos y conquistas de los trabajadores de los medios, en un doble sentido: como defensa frente a la posibilidad de que los pactos, rupturas y realineamientos de los bandos en pugna derive en ataques a los compañeros o en nuevos retrocesos productivos (cierres, absorciones) que los perjudiquen. Y como base que eleve o al menos preserve condiciones materiales para que los trabajadores de los medios sean un actor que gravite, en alianza con las fuerzas democráticas y populares, en el desenlace o en el proceso de crisis que se abra.

EL MÉTODO

Ante la inminencia de la crisis que se avecina en diciembre planteamos: que la Utpba y todos los sindicatos de la Comunicación convoquen a los trabajadores a la constitución de foros abiertos de debate sobre la crisis Grupo Clarín/Gobierno en el contexto de la aplicación de la Ley de Medios.

Impulsamos, paralelamente, el llamado a asambleas en los lugares de trabajo, en particular en las empresas del Grupo Clarín y en las de los holdings involucrados en la pugna mediática, para debatir el siguiente Programa que ponemos a consideración:

  • Prohibición de despidos en todas las empresas.
  • Pase a planta de contratados, pasantes y factureros.
  • Defensa de los estatutos y convenios de cada rama, y de los encuadramientos correspondientes, aplicación del mejor convenio allí donde una empresa reestructurada mude su objeto.
  • Gravar a los grupos comunicacionales, de capital nacional o extranjero, para constituir un fondo de ayuda a empresas de medios en crisis, bajo control de los trabajadores y sus organizaciones, para solventar los primeros pasos de una gestión popular que abra su dirección de contenidos a la participación de las organizaciones sociales y que preserve las condiciones laborales de los trabajadores afectados.
  • Ante la posibilidad de que una empresa cambie de dueños, asamblea general de planta para establecer un pliego con las condiciones del pasaje, que vote un comité de transición de la gestión de la empresa para analizar, con derecho a veto, la propuesta de los nuevos dueños. En paralelo, elección de delegados inmediata en todas aquellas empresas involucradas en este proceso que no los tengan, flexibilizando los requisitos para los candidatos.
  • Asamblea general del gremio para procesar y votar el programa de salida general de los trabajadores frente a la crisis.