La Naranja repudia la intervención del AFSCA y el AFTIC

Desde la Naranja de Prensa repudiamos la intervención de parte del gobierno de Mauricio Macri a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Desde la Naranja de Prensa repudiamos la intervención de parte del gobierno de Mauricio Macri a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).


Una vez más, el Gobierno de Macri apela a un decreto, tal como hizo cuando benefició impositivamente a las patronales del campo y la industria, como así también con las designaciones la Corte Suprema. Recién asumido, el espacio “del diálogo” ha constituido un verdadero estado de excepción gobernando con DNU y represión a los trabajadores de Cresta Roja.


Esta intervención marca una nueva fase en la defensa de la concentración  de los medios, aunque ahora al servicio de otra facción empresarial,  como la que lidera el Grupo Clarín,  pero también Telefónica, que ya cambió de bando y presentó su “pliego”.  

 

Estamos, de esta manera,  ante una nueva etapa de disputa entre los dueños de los medios —que ignora otra a vez a los trabajadores— luego de que la Ley de Medios fortaleciera a las patronales afines al gobierno kirchnerista durante la última década. Los beneficiados son los mismos: monopolios capitalistas de los medios y la comunicación, que buscan un beneficio privado y que mantienen, a su vez, un sistema de explotación económico, ideológico y social.


Como bajo el gobierno anterior, la reyerta presente deja completamente fuera de agenda la libertad de expresión para las mayorías sociales y ni está planteado abrir espacios para todas las voces políticas, sociales y culturales con actuación real de la sociedad, en ningún medio, estatal o privado.


La conquista de la palabra —es decir el derecho a opinión no solo de los periodistas, sino de todos los que producen la riqueza cultural, informativa y espiritual en la sociedad— sólo pueda ser garantizada por la organización de los trabajadores de prensa, con una orientación independiente del Estado y de los dueños de los medios.


Llamamos al conjunto de los trabajadores de prensa y a las organizaciones de lucha  que actúan en su seno a movilizarnos junto con el resto de la clase obrera en lucha para exigir la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso, para que en ese ámbito se discuta cualquier cambio de la Ley de Medios y de otras normas que afecten el interés de los trabajadores de los medios, así como para reclamar la atención de las reivindicaciones generales más urgentes de los que vivimos de nuestro trabajo.


Nuestra agenda es:

La defensa de los puestos de trabajo y el salario, por un bono de fin de año ya; adelantamiento de las paritarias; defensa y cumplimiento estricto de nuestros convenios y estatutos;  que se abran los medios (por segundos en televisión y radio y espacios en la prensa escrita) para que se conozca la voz de los trabajadores de prensa en disidencia con la línea patronal, en el camino de una gestión que promueva el escrutinio popular de los contenidos; en contra del monopolio de clase de la comunicación; por  la entrega efectiva del 33 por ciento del espacio radioeléctrico para los medios alternativos, con financiamiento estatal que garantice salario de convenio de los compañeros que se desempeñan en ellos.

El SIPREBA repudia la intervención del AFSCA y el AFTIC

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) repudiamos la intervencion de parte del gobierno de Mauricio Macri, a través de un decretazo, de la Autoridad Federal de Sericios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) repudiamos la intervencion de parte del gobierno de Mauricio Macri, a través de un decretazo, de la Autoridad Federal de Sericios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Del mismo modo, alertamos contra este método que, como ya se ha hecho con los beneficios impositivos para las patronales del campo y la industria y los cambios en la Corte, pasa por encima del Parlamento con el agravante de que, en esta ocasión, fue ejecutada con una intimidante presencia policial.

La intervención del AFSCA marca una nueva fase en la defensa de la concentración de los medios de comunicación.

Ley de medios. ni decretos ni interventores

Desde la RNMA repudiamos la medida del gobierno nacional de intervenir la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones), como primera medida en la búsqueda de desarticular la actual Ley de Medios con el objetivo de reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos

Desde la RNMA repudiamos la medida del gobierno nacional de intervenir la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones), como primera medida en la búsqueda de desarticular la actual Ley de Medios con el objetivo de reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos

 En el día de la fecha el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, anunció en conferencia de prensa la decisión (vía decreto Nª 236/2015) de intervenir la  AFSCA y la  AFTIC, destituyendo a sus actuales titulares y colocando en su lugar a Agustín Garzón al frente del primer organismo y a Mario Frigerio como interventor del segundo.

Quienes construimos crítica y cotidianamente medios de comunicación alternativa, comunitaria y popular no seremos espectadores pasivos ni nos quedaremos al margen de tamaña maniobra de carácter poco democrático que intenta echar por la borda los ínfimos pasos que se dieron en la práctica para aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y democratizar las comunicaciones.

Como RNMA hemos sido y somos muy críticos de la gestión del actual titular de la AFSCA y no hemos dudado en realizar acciones de protesta y repudio por la falta de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la misma signifique un fortalecimiento real de los medios comunitarios, alternativos y populares. Asimismo, estamos profundamente convencidos de que gobernar por decreto atenta contra las libertades democráticas salteando la voluntad popular.

Exigimos:

*La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA votada por el Congreso Nacional

*La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

*La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.

*Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.

*Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.

http://www.rnma.org.ar/documentos/comunicados/2904-ley-de-medios-ni-decretos-ni-interventores

Por la conquista del derecho a la comunicación

El DNU de Mauricio Macri que pasa el AFSCA y AFTIC a la órbita de un flamante Ministerio de Comunicaciones, a cargo del derechista Oscar Aguad, pero sobre todo las declaraciones de este funcionario en el sentido de que “la regulación de Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro Gobierno” (La Nación, 12/12), traza la línea gruesa de la política comunicacional del macrismo: “Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”. Traducido: van por un nuevo reparto capitalista del mercado audiovisual y de las telefonías.

El DNU de Mauricio Macri que pasa el AFSCA y AFTIC a la órbita de un flamante Ministerio de Comunicaciones, a cargo del derechista Oscar Aguad, pero sobre todo las declaraciones de este funcionario en el sentido de que “la regulación de Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro Gobierno” (La Nación, 12/12), traza la línea gruesa de la política comunicacional del macrismo: “Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”. Traducido: van por un nuevo reparto capitalista del mercado audiovisual y de las telefonías. Se pasaría de la intervención del Estado a la supuesta mano invisible del Mercado. Por eso, antes como ahora, y más rápida que las redes que promociona, Telefónica ya presentó su nuevo pliego: “se podría mejorar mucho”, dijo un ejecutivo de la multinacional (El Cronista, 16/12), en referencia de la ley Argentina Digital, aprobada a fin del año pasado, más conocida como la ley de las telefónicas porque las habilita para el fenomenal negocio del triple play.

El giro capitalista de Macri no debe hacernos perder de vista que la ley de SCA fue un enorme simulacro. Porque nada cambió en el llamado ecosistema de medios. Nada cambió en un sentido democratizador de la palabra, de expresión de las corrientes políticas, de libertad de opinión. La demostración más sencilla de esta tesis es la siguiente: basta un DNU para hacer temblar y hasta derrumbar toda la andadura (más declamada que efectiva) de la Ley. Y eso porque la estructura económica del sistema de medios, seis años después, exhibe idéntica concentración, la presencia de los mismos grupos corporativos y hasta de un mayor grado de extranjerización si consideramos no solo las presencias de las telefónicas en el sector sino también del buitre de David Martínez (dueño del 40% de las acciones de Cablevisión) o del otro empresario mejicano dueño de canal 9, Remigio Angel González. Salvo que se quiera consignar como parte de la batalla por la pluralidad de voces el desembarco del empresario del juego, Cristóbal López, la expansión del grupo Veintitrés o la creación del canal digital de la patota de la UOCRA. Suponemos que no. Tampoco parece calificar como “polífonía de voces” el puñado de licencias aprobadas bajo el nuevo marco regulatorio: unos 300 medios, de los cuales la mitad corresponde al sector estatal.

Entonces, ¿de qué habla Martín Sabbatella, ahora en la autodefensa revolucionaria de su cargo, cuando dice que en canal 7 “se escucharon todas las voces”? ¿O a qué se refiere cuando denuncia a Aguad –con justicia- por su “complicidad de las corporaciones mediáticas”, siendo que él fue el mejor abogado defensor de la multinacional Telefónica a la hora de justificar el plan de adecuación de Telefé? ¿No es todo una gran impostura?

Y desde otro lado, ¿qué significa defender la ley? ¿Su “espíritu” democrático? ¿La efectiva consolidación de un mercado concentrado y extranjerizado? ¿A qué defensa nos convocan? ¿Incluyen a la ley Argentina Digital? ¿De qué conquistas hablan? ¿Y quiénes pretenden encabezar la lucha de qué: los que dijeron nada cuando se invisibilizaba el conflicto social y popular durante toda la década? ¿No pretenden llevarnos a otra estafa?

Repudiemos las declaraciones del “milico” Aguad. Denunciemos los crecientes intentos de cierres, ajustes y despidos en los medios gráficos y audiovisuales. Como dice la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la comunicación no debe ser rehén de ningún gobierno. Ni antes ni ahora. Solo desde una organización “independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos” vamos a preparar el camino para conquistar el derecho a la comunicación para los trabajadores y el pueblo.

Santiago Gándara

El AFSCA, la Iglesia, Gerardo “601” Martinez y la democratización de la palabra

El AFSCA, que dirige Martín Sabatella y es la autoridad responsable de la aplicación de la denominada Ley de Medios, le acaba de otorgar 20 nuevas señales de televisión digital a la Iglesia Católica, que están distribuidas por toda la Argentina.

El AFSCA, que dirige Martín Sabatella y es la autoridad responsable de la aplicación de la denominada Ley de Medios, le acaba de otorgar 20 nuevas señales de televisión digital a la Iglesia Católica, que están distribuidas por toda la Argentina. Esta cesión se suma a las de televisión y radio que el gobierno (a través de Sabatella) le otorgó a, por ejemplo, al burócrata de la construcción Gerardo “601” Martinez que, de colaborador de la dictadura, pasó a ser un mimado nac & pop, aunque sigue dejando muertos en las calles y en las obras cada dos por tres para mantener sus privilegios.

La Iglesia, de acuerdo con la Ley de Medios que venía a “democratizar la palabra”, tiene un estatus privilegiado, ya que se le otorgan las frecuencias simplemente a su pedido, sin concurso y por tiempo indeterminado. En este nivel de prebenda sólo se equipara al Estado nacional, que no tiene límites en la cantidad ni en amplitud territorial de la cobertura.

Mientras tanto, a varios años de la sanción de la ley “democratizadora”, las organizaciones sin fines de lucro, que debían recibir concesiones del 33% de las frecuencias supuestamente destinadas a ellas, no han logrado prácticamente nada.

Es una muestra más de la farsa de la mentada “pluralidad de voces”, salvo que se entienda como tal al otorgamiento de medios a un colaborador de Videla y Massera, que dirige un sindicato con una banda de mafiosos y asesinos y a una institución con cuestionado papel durante la dictadura, que se opone al aborto, al matrimonio igualitario y acaba de rechazar a un embajador ante el Vaticano porque el mismo es gay.

Definitivamente, la democratización de la palabra no va a venir de las manos de un gobierno que colocó a Milani, otro represor de la dictadura al frente del ejército y que, lejos de distribuir “la palabra”, potencia y sostiene los monopolios de los medios con una abultadamente obscena pauta oficial (antes Clarín, ahora Cristobal López o Spolzky y Garfunkel).  

Para que la democratización sea posible, los medios deben pasar a manos de las organizaciones populares, sociales y políticas y sus trabajadores deben tener un rol central en la dirección de los mismos. 

Gobiernan para Telefónica y Telecom

El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner declaró que “no se podía tapar el sol con las manos” había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del  negocio audiovisual. Aclaraba, para quien quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados. 

VIDEO: Intervención de Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, acerca de la declaración del PRO y UNEN contra la “adecuación” al grupo Clarín.

El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner declaró que “no se podía tapar el sol con las manos” había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del  negocio audiovisual. Aclaraba, para quien quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados. 

VIDEO: Intervención de Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, acerca de la declaración del PRO y UNEN contra la “adecuación” al grupo Clarín.

A sabiendas de esto, los propios funcionarios que debieron aplicar la ley de medios en estos años evitaron hacer cumplir los artículos que ordenaban la desinversión de las telefónicas en las empresas de medios de comunicación. El ´democratizador´ Sabbatella, por ejemplo, se hizo olímpicamente el otario para permitrle a Telefónica seguir manejando Telefé. Estaban esperando el momento para reformar la ley y habilitarle el privilegio a estos monopolios socios del gobierno.

El anuncio de la nueva ley, sin embargo, se produce en otras condiciones políticas, y para congraciar a nuevos aliados. Resulta evidente que detrás de la negociación del gobierno con Repsol y del respaldo de España para negociar el default con el Club de París estaba sobre la mesa la reforma de ley de telecomunicaciones para que Telefónica, no sólo mantenga Telefé, sino que pueda avanzar aún más en el negocio audivisual. Otro tanto vale para Telecom, cuyo capital accionario minoritario acaba de ser adquirido por uno de los principales apoyos del gobierno, el fondo buitre Fintech del mexicano David Martínez. Con esta ley, a Telecom se le abren nuevas perspectivas comerciales. No es casualidad, por lo tanto, que luego del anuncio las acciones de ambas companías subieran en la Bolsa.

El proyecto de ley de telecomunicaciones no sólo modifica parcialmente la ley de medios en lo que refiere a la participación de las telefónicas. Además, teniendo en cuenta que éstas son controladas por el capital internacional, abre las puertas para que el negocio audiovisual sea manejado por empresas extranjeras. Viniendo de un gobierno que se autodenomina como “nacional y popular” no es poca cosa. 

El gobierno justifica esta concesión a los monopolios telefónicos con el argumento que “favorece la competencia”. Se trata, claro, de un cambio de discurso ya que hasta ahora el gobierno insistía que el mercado no era quien debía regular la distribución del negocio audivisual, y que las empresas más grandes imponían sus condiciones. Este argumento, válido para Clarín, lo es aún más para las empresas telefónicas, que tienen una facturación diez veces superior a la del grupo de Magnetto.

Los defensores de la nueva ley se escudan diciendo que no hay que confundir la distribución de contenidos con su elaboración. Pero se trata de una trivialidad. La disputa sobre la conformación de la grilla, que ha llegado a la Justicia, es la prueba palmaria que esa división entre distribución y elaboración no supera la prueba de la realidad. A través del uso de sus propias redes, las empresas benefician a ciertos canales sobre otros. En el caso de Telefónica esto se verá agravado porque ella misma tiene varios canales de TV.

Para compensar el peso enorme de la concesión a las telefónicas, el kirchnerismo argumenta que la nueva ley le reserva al Estado la atribución de fijar tarifas y habilita el uso universal de las redes instaladas. Sin embargo, en el futuro la cláusula sobre las tarifas podrá ser anulada, del mismo modo que ahora se anula la prohibición que regía para la participación de las telefónicas en el mercado audivisual.  Mientras tanto, el tarifazo estará a cargo del gobierno, como ya ocurre con las naftas, el gas y la electricidad. Por otra parte el uso universal de las redes no asegura igualdad de competencia. El poder financiero de las telefónicas pondrá las cosas en su lugar.

La nueva ley enviada por el gobierno confirma hasta el detalle nuestra caracterización de que la ley de medios apuntaba a un nuevo reparto capitalista de los medios de comunicación, vinculado al negocio audivisual y comunicacional. 

El rechazo a este proyecto de ley cobra un carácter político. Se trata de desarrollar una oposición a un gobierno que quiere atravesar sus últimos meses respaldado por Chevrón, Soros, Telefónica y los fondos buitres ´buenos´, como Fintech de David Martínez.

El gobierno cambia de `epopeya`, pero marcha al mismo desenlace.

El anuncio de Sabbatella de que procederá a la adecuación “de oficio” al Grupo Clarín, forzándolo a la venta de ciertos medios estratégicos (Canal 13, Radio Mitre, TN y Cablevisión) ha devuelto a la primera planta el choque entre el gobierno y la “corpo”. Todo indica que, como en otras oportunidades, el choque terminará en una nueva impasse, judicial y política. 

El anuncio de Sabbatella de que procederá a la adecuación “de oficio” al Grupo Clarín, forzándolo a la venta de ciertos medios estratégicos (Canal 13, Radio Mitre, TN y Cablevisión) ha devuelto a la primera planta el choque entre el gobierno y la “corpo”. Todo indica que, como en otras oportunidades, el choque terminará en una nueva impasse, judicial y política. 

El gobierno ha presentado evidencias de vinculaciones societarias –accionistas y directores “cruzados”- entre diferentes empresas del grupo. Por supuesto, las vinculaciones existen. Pero la Ley de Medios no las prohíbe, y fueron incluso avaladas por el fallo de la Corte que le diera constitucionalidad a la Ley.  Vuelve a quedar de manifiesto que no fue concebida para la “democratización de las voces” sino, en el mejor de los casos, para establecer un nuevo reparto de poder entre diferentes monopolios capitalistas de los medios. 

Sabbatella conocía las “anomalías” desde enero de este año, cuando recibió el plan de adecuación voluntario de Clarín y afirmó que éste se encontraba “dentro de la ley” (Perfil, 20/01/14). En su momento subrayó que aquella era una impresión personal y que debía esperar la opinión del Directorio de AFSCA.  El `cambio de opinión` ha sido empujado, probablemente, por razones políticas ajenas a la ‘democratización de la palabra’. El gobierno ha recreado la gastada ‘guerra con Clarín’ en la misma semana en que Vanoli y Kicillof trajinaron las oficinas de banqueros y empresarios, para asegurarles que la cruzada “antibuitre” se termina en enero.  

Pari Passu

El choque con Clarín, de todos modos, marcha por el mismo camino que el de los `buitres`. La “corpo” ya anunció que retomará el camino de los amparos judiciales. El propio Sabbatella ha anunciado que cualquier adecuación de oficio llevarían entre seis meses y un año. Contienda judicial mediante, la “guerra con Clarín” durará lo que el mandato de CFK. 

Clarín reclamará –como los buitres- igual tratamiento ante la Ley que el recibido por los otros pulpos mediáticos, cuyas posiciones se encuentran en completa violación de la norma como Telefónica-Telefé, Telecentro, Prisa, o Moneta. Si sus  “adecuaciones” se encuentran estancadas, es porque la aplicación de la Ley de Medios choca con otro afán del gobierno –el meganegocio de la fusión de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. En él,  depositan su interés fondos como Fintech, que a su vez son parte de los acreedores que alientan una “salida” (reestructuración general, arreglo con los buitres) a la crisis de deuda. 

Papel pintado

 A cinco años de la sanción de la Ley de Medios, la impasse no puede ser mayor. Las licitaciones de señales de TV abierta a organizaciones sin fines de lucro han quedado en la nada. Las denuncias de las comunidades de los pueblos originarios sobre el copamiento k de las señales otorgadas en su nombre son ninguneadas. El anuncio de la condonación de deuda impositiva a cambio de pauta oficial pinta de cuerpo entero la política de medios del gobierno: rescate al capital a cambio de propaganda para su camarilla en retirada. Mientras tanto, los trabajadores de todos los medios enfrentan persecuciones gremiales, intentos de flexibilización laboral y perspectivas de despidos producto de las reestructuraciones de las empresas. A la cortina de humo de “la guerra con Clarín” le oponemos la lucha por la libertad de expresión, que exige la superación del monopolio capitalista de los medios, y el reparto de sus recursos entre el conjunto de las expresiones políticas, culturales,  sociales y artísticas, para que se expresen las luchas populares y las genuinas expresiones independientes del arte y la cultura.

Licencias para radios: la única verdad es la realidad

A pesar de la fuerte propaganda que se hizo en su momento sobre la reserva del 33% del espectro para emisoras no comerciales, en estos cuatro años apenas se registran 27 licencias para radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social (contra 25 licencias para radios de la Iglesia Católica). A los primeros 33 reconocimientos a canales de televisión de baja potencia, se le contrapusieron 36 reservas de televisión a estados provinciales.

A pesar de la fuerte propaganda que se hizo en su momento sobre la reserva del 33% del espectro para emisoras no comerciales, en estos cuatro años apenas se registran 27 licencias para radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social (contra 25 licencias para radios de la Iglesia Católica). A los primeros 33 reconocimientos a canales de televisión de baja potencia, se le contrapusieron 36 reservas de televisión a estados provinciales.

La falta de avances en la elaboración del Plan Técnico de Frecuencias y el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales imposibilita saber cuál es el tercio de licencias para resguardar a las organizaciones sin fines de lucro, como prevé la normativa. Esta indefinición se ha convertido en un mecanismo de extorsión y cooptación política a partir de la prórroga discrecional de las licencias temporales.

Para tomar sólo un ejemplo, en ese “censo” hubo 949 medios santafesinos inscriptos. A cuatro años de sancionada la ley, el AFSCA entregó apenas 65 licencias de los expedientes gestionados tras la sanción, mientras que el resto de las 27 licencias entregadas, pertenecen a expedientes iniciados previo a la sanción de la norma. De las 65 licencias entregadas post-ley 50 son para instalar radios FM en la totalidad de los municipios provinciales (proyecto que en la mayoría de los casos han desistido de hacer o ni siquiera se ha planificado). El resto de las licencias entregadas se divide en: 6 cooperativas que las utilizarán para brindar el servicio de televisión por cable; 6 empresas privadas, (de las cuales 3 están vinculadas al grupo empresario Vila-Manzano); 2 a comunidades originarias y sólo 1 a una organización sin fines de lucro.

Ley de medios: la encrucijada de los medios alternativa

La ley de medios se encuentra en un completo impasse. Lo prueba la suspensión de adecuaciones, transferencias e incluso la asignación de licencias a medios afines.

La ley de medios se encuentra en un completo impasse. Lo prueba la suspensión de adecuaciones, transferencias e incluso la asignación de licencias a medios afines.

La “gesta cultural” había ofrecido a un vasto arco de medios alternativos, comunitarios o populares la “reserva del 33 por ciento” del espectro radioeléctrico. Esto fue frustrado, desde un principio, por las exigencias financieras para el acceso y la falta de financiamiento directo; las novedades recientes en materia de licitaciones del espectro dan por sepultada incluso esta posibilidad.

4G

El gobierno dispuso la licitación de dos bandas del espectro radioeléctrico (administrado por el Estado) para el usufructo privado de la prestación de servicios de telefonía celular de tercera y cuarta generación (3G, 4G). En la Argentina, los celulares de cuarta generación prácticamente no existen. El 4G permite una velocidad de transmisión de datos en los teléfonos similar al de Internet en los hogares. Permitirá, entre otras cosas, la posibilidad de brindar servicios de TV por este tipo de pantallas, actualmente prohibido por la ley de medios.

La puesta en licitación de estas bandas supone un negocio gigantesco para las telefónicas y para el gobierno la posibilidad de recaudar 1.900 millones de dólares. Los mismos “medios hegemónicos” han saludado este llamado a licitación y destacan que el Estado ha renunciado a competir con una prestadora propia del servicio a través de Arsat.

La suspensión del llamado de licitación para 220 señales de TV para organizaciones sin fines de lucro, en 2011, había sido justificada por la falta de presentaciones -cierto es que los pliegos y las condiciones resultaban impagables. Pero pronto se supo que las compañías de telefonía móvil disputaban esas bandas para acceder al servicio 4G. La “democratización de la palabra” que ilusionó a los medios comunitarios, alternativos y populares fue puesta en venta para “volver a los mercados”.

Un nuevo punto de partida

Las ilusiones creadas en un principio fueron retribuidas por los medios alternativos con una restricción a su independencia a cambio de permanecer en lista de espera, e incluso una adaptación al kirchnerismo.

Durante esa espera, el oficialismo desarrolló el Proyecto X, designó a Milani, acordó con Repsol, con Chevron y el Club de París; CFK condenó, en la apertura de las sesiones legislativas, a los trabajadores de Las Heras y recientemente la lucha de Gestamp -luego mandó a Berni a reprimir a Cables Lear y Emfer.

En el presente cuadro de crisis y ante la tentativa del conjunto de la burguesía de descargar su costo sobre los trabajadores, la recuperación de la independencia política de los medios alternativos pasa por ligar su lucha por la libertad de expresión al desarrollo de medios para expresar la lucha del movimiento obrero contra el ajuste y a todas las luchas por la expresión independiente del movimiento artístico y cultural. Asistimos a una gran agitación en los gremios de prensa y televisión, con trabajadores que luchan por sus paritarias, contra las persecuciones gremiales, los despidos y suspensiones.

Una oportunidad

Un congreso de la izquierda y el movimiento obrero sería una gran oportunidad para ligar las perspectivas de desarrollo de los medios alternativos con el movimiento obrero que pugna por una salida independiente a la crisis, y a su vez incorporar a las luchas reivindicativas de los trabajadores de prensa y televisión la defensa de la independencia de su producción intelectual dentro de su propio lugar de trabajo. La experiencia de unos y otros a la hora de dotar a la vanguardia del movimiento obrero de herramientas de expresión resultan hoy un aporte imprescindible.

Julián Morcillo y Cristian Henkel

(autores de La palabra liberada, una crítica marxista a la Ley de Medios)

Sabatella, la dirección de la UTPBA y la Ley de Medios

Algunas conclusiones necesarias

En un hecho, cuanto menos particular, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, recibió en pleno a la conducción de la UTPBA que hace casi dos meses viene siendo cuestionada por una enorme mayoría de los trabajadores de prensa y por la propia Justicia laboral por intentar realizar comicios fraudulentos sin contar con los padrones en regla. La dirección utpbista ya perdió en reiteradas instancias judiciales, pero aún así se niega a exhibir los padrones de votantes.

Algunas conclusiones necesarias

En un hecho, cuanto menos particular, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, recibió en pleno a la conducción de la UTPBA que hace casi dos meses viene siendo cuestionada por una enorme mayoría de los trabajadores de prensa y por la propia Justicia laboral por intentar realizar comicios fraudulentos sin contar con los padrones en regla. La dirección utpbista ya perdió en reiteradas instancias judiciales, pero aún así se niega a exhibir los padrones de votantes.

Estamos, entonces, ante un aval político y un intento de legitimación por parte del gobierno nacional a una burocracia fraudulenta e ilegítima, que contrasta con el vigoroso y masivo Plenario Autoconvocado de Delegados de Prensa Escrita, Radial y Televisiva –representante de la abrumadora mayoría de los trabajadores de los medios porteños y del GBA. Vale notar, en este aspecto, que Sabbatella recibe a los dirigentes de UTPBA, pero no a los compañeros de Radio Del Plata que vienen reclamando al AFSCA por las violaciones a la LSCA de parte de grupo Electroingeniería.

Una agenda patronal

Durante el encuentro, “se abordaron temas como la consecuencia de la convergencia tecnológica en el plano laboral-profesional, los desafíos que hoy enfrentan los trabajadores del sector respecto al pase del sistema analógico al digital, que imponen nuevos saberes y exigen políticas de capacitación adecuadas”, dijo la burocracia en un comunicado. Pero esta política de flexibilización y multifuncionalidad es justamente lo que los trabajadores venimos rechazando masivamente en todas nuestras asambleas, como revela el conflicto en la Editorial Perfil. ¡Qué lejos se encuentran Sabbatella y la conducción de la UTPBA de las luchas de los trabajadores de prensa! 

Pero, peor aún, ¿quién los mandató para hablar en nuestro nombre? Se trata justamente de un operativo de usurpación de nuestra representación para imponer los planes patronales de polifuncionalidad, como acaba de anunciar Kirschbaum que planea hacer el grupo Clarín, poniendo a todos sus periodistas a “trabajar en todos los formatos”. Los “nacionales y populares” del AFSCA y la burocracia de la UTPBA defienden la agenda de las patronales, no la de los trabajadores.

Desde la Naranja de Prensa hemos insistido hasta el hartazgo en que la llamada de Ley de Medios no representa una democratización de los medios de comunicación ni de sus contenidos, sino que expresa una profunda pugna capitalista por quedarse con negocios multimillonarios –de ahí que, en cuatro años, las licencias a los medios alternativos y comunitarios son virtualmente inexistentes. Como denunciamos y luego ratificó el fallo de la Corte, los trabajadores seremos la variable de ajuste de las empresas en esta disputa.

El encuentro entre Sabbatella y la conducción entreguista de la UTPBA debe servirnos a los trabajadores de prensa para sacar las conclusiones del caso: si queremos defender nuestras conquistas y nuestros derechos no podemos brindar un apoyo –siquiera parcial- a un gobierno que se respalda en lo más rancio de la burocracia sindical. Por el contrario, los trabajadores debemos profundizar el carácter independiente de nuestra lucha, tanto del gobierno como de las patronales oficialistas y opositoras, y de las burocracias de todo pelaje. Llamamos a todos los compañeros a desarrollar asambleas por lugar de trabajado para deliberar y fijar una posición independiente de los trabajadores de prensa.